Toluca, Estado de México; 12 de noviembre de 2019. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Medina Peñaloza, llega a su último informe de labores entre confrontaciones con el Congreso local y cuestionado por ser el único de los tres poderes en la entidad que no ha disminuido los salarios de sus altos funcionarios.
También arriba en un escenario inédito donde el grupo mayoritario de Morena en el Congreso local ha propuesto eliminar los haberes de retiro y disminuir los nombramientos de los magistrados de 15 a 6 años.
Además, un juez ha planteado que no solo los magistrados, sino también los jueces puedan votar para elegir al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, aunque la iniciativa no ha sido analizada.
Medina concluye su gestión además con reproches de los legisladores locales al Poder Judicial mexiquense, debido a que emitieron una convocatoria para elegir 10 magistrados, pero exigen haber tomado un curso que se dio a inicios de este año; por lo cual los legisladores, con excepción del PAN, han pedido que se vuelvan a emitir las convocatorias. Hasta ahora, el Tribunal no ha contestado al exhorto.
En medio de la polémica, Sergio Medina rinde este martes su último informe/Foto: especial
Falla en transparencia
En su última evaluación, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), calificó al Tribunal Superior de Justicia como el poder más opaco de los tres; de hecho, este año no ha actualizado sus percepciones en la plataforma de transparencia y los últimos datos corresponden al 2018.
Medina Peñaloza además fue exhibido el año pasado por el comisionado de Transparencia, José Guadalupe Luna, porque promovió una demanda de amparo para inconformarse porque el Infoem le ordenó dar su sueldo, bono y prestaciones, sin pedir su consentimiento, y acusó que se entregaron datos personales.
Sin embargo, Luna acusó que el funcionario señaló en el amparo el nombre y domicilio de quien hizo la solicitud de acceso a la información pública, por lo cual tuvo acceso a datos personalísimos, aun sin tener facultades para ello, en un tema grave.
Por ello, en julio del año pasado, el pleno del Infoem dio vista al órgano interno de control para que junto con la Dirección de Datos Personales investigara si el presidente del Tribunal Superior incurrió en una violación a los datos personales de un ciudadano; al final el magistrado se desistió.
Sin embargo, el Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado de México donde no se han actualizado los datos de las percepciones, pues los últimos que aparecen en la plataforma son del 2018 y no cumplen con percibir menos que el presidente de la República.
Reformas podrían esperar
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local Maurilio Hernández informó que hasta hace unos días el Poder Judicial no había atendido el exhorto sobre la convocatoria para elegir nuevos magistrados, ni les había contestado. “No ha habido respuesta, después de una semana”, confirmó.
El Tribunal Superior de Justicia del Edoméx eligirá nuevo presidente en enero de 2020
También consideró que ya no da tiempo de que hagan cambios legales para modificar el método de elección del magistrado presidente, pues la renovación se hará en el mes de enero del siguiente año, por lo cual será electo solo entre los magistrados.
Con la llegada de la nueva Legislatura local, Medina Peñaloza ha reprochado la disminución a su presupuesto de este año y se ha opuesto a las propuestas de reforma para quitar privilegios a los magistrados.
Los cuestionamientos y reveses
El Poder Judicial mexiquense no ha sido pieza fundamental en la liberación de presos señalados “de conciencia”, o “políticos” y ha sido criticado porque jueces y magistrados han mantenido presos a activistas, pese a inconsistencias en los expedientes y falta de elementos.
En varios casos activistas y organizaciones han acusado presunta fabricación de pruebas, pero ha sido el Poder Judicial Federal, la Secretaría de Gobernación y la presión a la fiscalía a desistirse lo que ha derivado en la liberación de esos presos.
El Tribunal Superior y la Fiscalía General de Justicia han tenido cuestionamientos por el tema de presos políticos, entre ellos: los defensores del agua de Tlanixco, unos tras más de 11 años y otros con casi 16 años de prisión, quienes lograron su libertad en este año por el desestimiento de la fiscalía.
Los ejidatarios de Salazar, acusados por el delito de robo con violencia y privación ilegal de la libertad fueron liberados por la intervención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Antes, el ambientalista Idelfonso Zamora, a quien Amnistía Internacional catalogó como “preso de conciencia” fue liberado en agosto del 2016. Fue detenido por policías estatales, sin orden de aprehensión y estuvo preso nueve meses. Salió por orden de un juez federal.
El defensor de la vivienda, Humbertus Pérez Espinoza ha acusado a la Fiscalía y al Poder Judicial de mantenerlo en prisión, aun cuando no hay pruebas en su contra.
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