El Estado de México ocupa el tercer lugar nacional por el número de maestros comisionados o “aviadores” con 2 mil 610 profesores que no realizan sus labores docentes pero cobran; de acuerdo con el censo realizado por el INEGI.
Haciendo la suma del total de maestros aviadores con un salario promedio de 8 mil pesos al mes la cantidad asciende a los 20 millones 880 mil pesos.
Ante esta situación Annel Flores Gutiérrez, diputada de Acción Nacional solicitó la comparecencia del secretario de Educación, Raymundo Carbajal Martínez para que explique lo que está ocurriendo.
Durante la sesión de este jueves la legisladora presentó un punto de acuerdo para que el titular de educación explique ante el Pleno, los resultados arrojados por el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial del INEGI que arrojó una cifra de maestros que no están cumpliendo con sus labores; así como las medidas a corto, mediano y largo plazo que implementará para hacer frente a ésta problemática.
De acuerdo con la SEP los resultados preliminares de éste primer censo, arrojan diversas “irregularidades” que van desde la existencia de planteles sin registro oficial, “presuntos aviadores” o personal que cobra sin trabajar, maestros sin el perfil adecuado y los que a su ingreso lo hicieron con documentos falsos o apócrifos.
En la entidad se afirmó que existen 2 mil 610 profesores comisionados o con licencia en el sistema educativo estatal, que desempeñan otras funciones a las que se les asignó oficialmente, es decir, no están dando clases frente a un aula; con esta cifra, la entidad se ubica a nivel nacional como el tercero con mayor número de personal académico comisionado, detrás de Jalisco y Yucatán.
De acuerdo con los datos el personal comisionado en el estado cobra sin desempeñar, se localiza en las siguientes plazas: 186 de director; mil 037 de docente frente a grupo; 717 de docente de apoyo a la labor educativa; 76 de director en el servicio educativo; 301 como prefecto; 34 como conserje o intendente; 132 como supervisores y 70 como administrativos.
Flores Gutiérrez afirmó que cuando se registran estas distorsiones en el sistema educativo, quienes resultan afectados son las personas que viven en comunidades en situación de pobreza extrema, pueblos indígenas y personas con capacidades diferentes, por lo que la Legislatura está obligada a asumir su representación popular y solicitar la rendición de cuentas en la materia.
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