A un año del relevo en la dirección de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), la administración encabezada por Carlos Javier Álvarez Cárdenas asegura haber dejado atrás los años de opacidad, precariedad y abusos laborales que por décadas marcaron a la corporación.
Según un comunicado oficial, los más de 17 mil guardias y vigilantes que conforman el cuerpo ahora operan bajo una “nueva misión y visión”, enfocadas en la profesionalización, la mejora de condiciones laborales y la rendición de cuentas. Incluso, aseguran, miembros críticos dentro de la organización han reconocido los avances impulsados por Álvarez Cárdenas.
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Entre las acciones destacadas está la creación de un Centro de Capacitación y Certificación Profesional avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), con sede en Tlalnepantla. Este centro tiene como meta garantizar que todos los elementos cuenten con formación y acreditaciones que respalden su labor y permitan su ascenso dentro del escalafón corporativo.
CUSAEM también presume haber eliminado los sueldos por debajo del salario mínimo legal y haber establecido un seguro de vida para sus elementos, que cubre fallecimiento y pérdidas orgánicas: una medida que califican como “inédita e histórica”.
Además, se reporta la habilitación de tres nuevos quirófanos para cirugías endoscópicas y la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital interno de la corporación. A esto se suma la liquidación de salarios pendientes a personal jubilado y la actualización del parque vehicular.
Entidad pública con estructura jurídica sólida
La intención, aseguran desde la comandancia, es convertir al organismo en una entidad pública con estructura jurídica sólida y con reglas claras para la gestión de sus recursos. Un paso que, de concretarse, supondría una transformación de fondo para una de las corporaciones más cuestionadas del Estado de México.
Desde la comandancia, se reconoce además el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez, quien habría avalado las etapas de reestructuración emprendidas por la actual administración.
El reto, sin embargo, sigue siendo demostrar que estos cambios son sostenibles y suficientes para revertir años de desconfianza pública y señalamientos por prácticas irregulares.
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