A dos días del inicio del tercer año presidencial del grupo en turno, calificado como estado fallido desde Uruguay, resulta viable citar una carta de Boaventura de Sousa Santos a los jóvenes de México, por su significado e importancia en los hechos que acontecen.
En el escrito pregunta ¿qué política educativa es ésta que persigue a la educación rural y no permite que estos jóvenes sean héroes por la vida comunitaria que promueven, sino mártires por la muerte horrorosa que sufren?
Pregunta que se extiende a la juventud estudiantil activa y participante en las manifestaciones por cambiar a México, sin muerte claro, pero con encarcelamientos, como el agravio cometido en contra de los once detenidos temporales, ya liberados por falta de pruebas de las imputaciones que les realizó la Procuraduría General de la República.
En otro hecho reprobable, la tosca detención de Sandino Bucio Dovalí el viernes 28 de noviembre, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, liberado al día siguiente por falta de pruebas y quien en entrevista con Carmen Aristegui señaló que no lo habían detenido policías federales, los responsables fueron elemento de la Dirección de Policía Encubierta e Infiltración, para quienes un alumno no es nada, según dijo.
Ante estas actuaciones ilegales y claras arbitrariedades, 69 Universidades del país tomaron la determinación de integrar la Coordinadora Nacional Estudiantil, que sesionara su primer congreso en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa.
De tales actuaciones, se deduce que la meta del estado es intimidar, criminalizar e infiltrar, al respecto Sousa Santos señala: “…Sabemos que es difícil escapar al miedo en condiciones tan dramáticas como las que viven. El miedo no se puede eliminar, pero lo importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder enfrentarlo y superarlo eficazmente…resistir a la ilegalidad y violencia institucionalizada y construir una alternativa de esperanza. Para ello es necesario organización, respaldo popular y una clara visión no solamente política, sino también ética de una sociedad donde sea posible vivir con dignidad y en paz”.
Hechos y palabras contundentes que pueden dar como primera lección, que las instancias gubernativas tienen la obligación legal de acatar lo que les marca su ley, en tanto los ciudadanos con los instrumentos legales vigentes y las instancias jurisdiccionales, obligar al funcionario y a la autoridad cumplir con lo que le mandata su ley.
Gran responsabilidad la que tenemos los habitantes de este país, Usted amable lector, ¿qué piensa al respecto?
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