En septiembre de 2020, cuando se había extendido por todo el mundo la pandemia de Covid-19, la Universidad Johns Hopkins, que contabilizaba globalmente los casos, reportó que China presentaba 90, 545 casos, en tanto que Estados Unidos 7,233,044; Japón 83,591, en tanto que Reino Unido 456,836; Corea del Sur 23,889, en tanto que Brasil 4,810,935; Singapur 57,655, en tanto que México 743, 216. Recuerdo esos datos porque en esas fechas escribí un artículo para una revista Ecuatoriana en el que hacía notar que, la diferencia entre los países orientales y los occidentales respecto al número de contagios, estaba directamente relacionada con los mecanismos puestos en marcha para controlar los contagios. En los países con menos casos, el control de la población es mucho más efectivo que en los casos donde se contaban por millones.
Los datos dejaban claro que en Oriente se echó mano de las prácticas e instrumentos propios de la vigilancia digital (en operación desde hace décadas), mientras en Europa y América los principios libertarios impedían un control de ese tipo. En China, donde empezó la pandemia, y en otros países asiáticos, es posible esta vigilancia social porque prácticamente no existe la “protección de datos”. En el vocabulario de los chinos no aparece el término “esfera privada” y en varios de esos países apenas y es tema el cuestionar por qué la autoridad necesita compilar datos de su población.
«En la era del big data e internet, los movimientos de cada persona se pueden ver claramente. Así que ahora tenemos herramientas diferentes con respecto a la epidemia del Sars [en 2003]», dijo Li Lanjuan, asesora de la Comisión Nacional de Salud, en una entrevista con la televisión estatal china por aquellas fechas. Ya para entonces, el sistema de videovigilancia chino, empleando inteligencia artificial, podía captar si alguien saliendo de una estación de trenes presentaba una temperatura corporal inusual. También podía identificarlo mediante reconocimiento facial y todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón recibían una notificación en sus teléfonos móviles para indicarles que se quedaran en sus casas hasta que hubiera forma de comprobar que no eran portadoras del virus.
Esto que parece película de ciencia ficción, es lo que pusieron en operación en China para controlar los contagios durante la Pandemia. Solo es muestra de un modelo de vigilancia policial digital que se desplegó con todo su potencial, hace ya un lustro y que hoy tienen muchos más recursos, porque la inteligencia artificial ha crecido enormemente en sus capacidades y China es líder en esa materia.
Recordar esto viene a colación en el contexto de la nueva normatividad aprobada recientemente en México en materia de vigilancia, control de información y facultades de investigación otorgadas a la Guardia Nacional y al sistema de inteligencia. Hay algunas voces que se han alzado para advertir que este nuevo marco normativo “derivará en una dictadura total, que espía a los ciudadanos”. Incluso el senador del PAN Ricardo Anaya aseveró que ahora el gobierno federal podría “teclear tu CURP y tener acceso, fíjense nada más, de cualquier ciudadano mexicano: foto, huellas digitales, todas tus compras de Amazon… tu geolocalización en tiempo real”.
Hablando en serio, lo que está enfrente de nosotros y que debe comentarse es que en la sociedad actual las personas, todos y cada uno de nosotros, estamos convertidos en fuente de datos; y hay tecnología para estructurar esos datos, verlos bajo lógicas algorítmicas y convertirnos a todos en individuos vinculables. La mayoría de esos datos no solo son generados por registros que alguien (la autoridad, por ejemplo) hace sobre una persona, sino por las personas mismas al hacer las cosas de todos los días: al realizar una búsqueda en Internet, cuando abren un sitio web, cuando marcan un número telefónico, cuando sintonizan un canal televisivo o reproducen una película en una plataforma; por cada una de las acciones se genera un dato. Todos los que utilizan las redes sociales, por ejemplo, saben que el mayor contenido que se encuentra en ellas es de carácter personal: casi todos publican a dónde van, qué comen, qué beben, qué sueñan, con quién salen, en dónde trabajan, en dónde festejan, etcétera.
Generar y/o poseer millones de datos solo tiene sentido dentro de una lógica en la que los mismos pueden ser articulados unos con otros y delimitar objetos, simular escenarios, definir tendencias o revelar procesos. Es lo que se llama Big Data y hasta ya hay científicos de datos: gente dedicada a encontrar y procesar sistemáticamente estas masas enormes de datos. Actualmente, en sociedades como la mexicana esa información se encuentra privatizada: los Big Data están siendo aprovechados básicamente por empresas para “entender mejor a sus clientes” y venderles lo que quieren (o lo que los algoritmos interpretan que a la gente le gusta o necesita). Los “cinco gigantes” del Big Data son Microsoft, Amazon, Google, Meta y Apple. Ellos saben todo de nosotros y se lo hacen saber a quién pague por ello.
La nueva normatividad aprobada en México abre una posibilidad para que el sistema de inteligencia federal pueda tener acceso a datos que requiera para combatir delitos, prevenirlos, detener a los responsables, dar seguimiento al dinero y conocer los vínculos de las personas detenidas. No significa que vaya a ocurrir, pues la capacidad tecnológica existente es limitada. Está muy lejos de la vigilancia digital china o de las capacidades del programa revelado en 2013 por Edward Snowden que permitía a la Agencia de Seguridad Nacional de los EUA recabar datos de comunicaciones (metadatos telefónicos, correos electrónicos, etc.) de ciudadanos y no ciudadanos norteamericanos, a menudo sin autorización judicial específica.
Todos sabemos que en México la Delincuencia Organizada es un problema severo, que genera mucha violencia, que expolia poblaciones enteras, que exprime presupuestos locales, que lava dinero, que extorsiona, que secuestra y que está extendido en todo el territorio nacional. ¿Estamos pidiendo a la autoridad que lo controle, pero sin darle atribuciones para generar datos de inteligencia que le permitan rastrear comunicaciones, transacciones, ubicaciones o identidades? ¿Se podrá? Es casi imposible. Los marcos normativos recientemente aprobados en materia de registro de telefonía celular, geolocalización, registros biométricos y regulación del espectro radioeléctrico no van a solucionar el problema como por arte de magia. Podrían servir para casos a los que se decida (políticamente) poner atención y dar solución. No hay evidencia alguna para sostener que se espiará a la población. No hay ni la capacidad para hacerlo ni los recursos tecnológicos para procesarlo. Hoy tienen más información de nosotros Amazon, Facebook o TikTok que el gobierno federal. Así va a seguir siendo, no hay tal estado policial, ni espionaje.
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