El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en el Congreso del Estado de México insistió en que el debate sobre el aborto “no está agotado”. Durante la presentación del libro El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mitos y realidades, los diputados Pablo Fernández de Cevallos González y Joanna Alejandra Felipe Torres defendieron la postura de que “la vida inicia desde la concepción”.
El diputado Fernández de Cevallos propuso incluso realizar un foro con mujeres que han abortado “para conocer sus experiencias”. Según dijo, la obra “fortalece los cimientos de la sociedad” al proteger “a los más débiles y a la vida”.
El libro, coordinado por César Alejandro Ruiz Jiménez, analiza la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que criminalizar el aborto absoluto viola los derechos de las mujeres.
La legisladora Joanna Alejandra Felipe, presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, afirmó que el texto busca “traer claridad académica” a un tema que —según ella— se ha interpretado de forma errónea, y que la sentencia de la Corte “no significa una permisión absoluta del aborto”.
En contraste, organizaciones feministas y juristas han advertido que este tipo de discursos refuerzan la desinformación sobre los derechos sexuales y reproductivos, y desconocen que la SCJN declaró inconstitucional penalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo, al reconocer su derecho a decidir.
Durante el evento, el coautor César Alejandro Ruiz criticó la reforma aprobada por el Congreso mexiquense en noviembre de 2024 —que despenalizó el aborto antes de las 12 semanas—, calificándola como una “deshumanización del ser más vulnerable”.
También participaron Susana Miguel López y Joana Yadira Guadarrama, quienes argumentaron que el concebido “debe ser protegido como parte de la familia humana”, así como Rafael Estrada Michel, quien aseguró que hablar de “despenalización total” es “una inexactitud jurídica”.
Los dichos de los legisladores panistas contrastan con el principio constitucional de no criminalizar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, y con los avances en materia de derechos reproductivos reconocidos por la Suprema Corte.
Contexto
La reforma al Código Penal del Estado de México, aprobada el 25 de noviembre de 2024, eliminó sanciones contra las mujeres que interrumpan su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Con ello, la entidad se sumó a los estados que han despenalizado el aborto voluntario, en cumplimiento de los criterios fijados por la SCJN y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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