Toluca, Méx.- Jesús Gabriel Flores Tapia, director de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Comisión de Derechos Humanos informó que tras la revisión hecha a los Bandos Municipales para evitar la duplicación de delitos en el Bando Municipal ya estipulados en el Código Penal, iniciaron siete acciones de inconstitucionalidad de las cuales ganaron la resolución a favor de la Comisión.
“Con ello queda decretado que las disposiciones antes reguladas en los Bandos son cuestiones que corresponde den a la Cámara de Diputados, pues son delitos estipulados como de facultad de la Comisión de Seguridad Ciudadana o la Procuraduría General de Justicia”.
Precisó que los juicios iniciados fueron en contra de Nezahualcóyotl, Tonatico, Zinacantepec, Coyotepec, Tepotzotlán, Ixtapan de la Sal, Temamatla, quienes ignoraron la recomendación que hizo este organismo al inicio de las administraciones municipales para evitar que consideraran dentro de las infracciones municipales delitos que ya se encuentran tipificados a nivel estatal y que podrían obstruir la aplicación de la justicia.
Entre los términos que duplicaban se encuentran sanciones a conductas como romper la banqueta que es un delito de daño en los bienes, llamar de forma falsa o como broma a los delitos de emergencia, y ya está tipificado en el Código Penal, el maltrato familiar que es una falta grave a nivel estatal, además vender bebidas embriagantes o drogas a menores de edad.
“Esos fueron los que encontramos, y los Bandos Municipales regulan por ejemplo la venta de bebidas alcohólicas considerando que es una falta administrativa que comete el comerciante, a quien le pueden retirar la licencia de venta, por ejemplo, pero en realidad es un crimen el que comete. Lo que pedimos es que actuarán administrativamente pero la persona que comete la falta debe ser presentada ante el ministerio público, y es donde viene la confusión”.
La Codhem advirtió en febrero pasado que los ayuntamientos podrían ser sancionados en caso de incumplir con la recomendación de la Comisión sobre armonizar sus bandos municipales con el Código Penal, entre otros ordenamientos que incluyen tipos penales y que advirtieron que se duplicaban con faltas administrativas.
El objetivo de dicha acción fue privilegiar la seguridad de la ciudadanía y no desestimar los delitos reduciéndolos a faltas, por lo que la petición por parte del ombudsman mexiquense, Baruch Delgado Carbajal hacia los gobiernos locales fue cumplir con la revisión de sus documentos y respetar las disposiciones estatales, nacionales e internacionales.
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