Guillermo Lasso, presidente ecuatoriano, declaró estado de excepción durante sesenta días debido a una «grave conmoción interna», ante el incremento de la actividad delictiva, sobre todo en las provincias donde las estadísticas muestran un aumento del crimen.
«De inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policías se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de emergencia en todo el territorio nacional«, dijo Lasso durante un discurso emitido en cadena nacional.
La movilización militar para completar las acciones policiales está contemplada para las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos —en la frontera con Colombia.
Las acciones de las fuerzas armadas de Ecuador contemplan controles de armas, tráfico de drogas, inspecciones y patrullajes las 24 horas del día por parte de los grupos militares, detalla Euronews.
Con el decreto 224 las fuerzas armadas tendrán el poder de restringir «la libertad de movimiento, de reunión y asociación durante los dos meses de ejecución del estado de excepción«.
Además, anunció Lasso, se creará una unidad de protección legal de la fuerza pública, cuyas tareas serán defender a policías y militares que «puedan ser demandados en el marco de acciones de seguridad«.
También añadió que todos los que hayan sido condenados injustamente por haber cumplido con su labor serán indultados, «nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen«.
A la par de esa acción, en los próximo días el poder ejecutivo ecuatoriano enviará un proyecto de ley «dedica exclusivamente a respaldar a nuestros agentes del orden y que llevará como nombre la ‘Ley de defensa del deber de la fuerza pública’«. Con esta ley, el gobierno nacional desplegará, coordinará, protegerá y unirá a todas las fuerzas del orden para «devolver la seguridad a los ciudadanos«.
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