La suspensión temporal de Heriberto Salinas Benítez, delegado regional de la Secretaría de Movilidad (Semov) en la región de los Volcanes, no significa que haya sido declarado culpable ni que haya perdido definitivamente el cargo. Se trata de una medida administrativa que busca apartarlo de sus funciones mientras se investiga si incurrió en presuntos actos de corrupción denunciados por transportistas y empresarios del sector de grúas.
Heriberto Salinas Benítez se desempeñaba como delegado regional IV de la Secretaría de Movilidad, responsable de supervisar las acciones de movilidad en la denominada región de los Volcanes, integrada por 13 municipios del oriente mexiquense.
Entre sus atribuciones se encuentran:
- Supervisar el transporte público concesionado.
- Coordinar operativos de revisión.
- Verificar que unidades y concesionarios cumplan con la normatividad.
- Dar seguimiento a temas relacionados con grúas, depósitos vehiculares y concesiones.
Su cargo depende directamente de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.
¿Por qué fue suspendido?
La suspensión ocurrió después del bloqueo realizado el 30 de julio sobre la carretera federal México-Cuautla por integrantes de la empresa de grúas Segazo S.A. de C.V. y operadores de la Ruta 36, quienes exigieron su destitución inmediata.
Los manifestantes lo acusaron de favorecer presuntamente a la empresa de grúas MJ en operativos de arrastre y corralones, realizar revisiones consideradas arbitrarias al transporte público, solicitar servicios gratuitos y presuntos pagos indebidos utilizando el nombre del secretario de Movilidad y detener unidades de transporte que, según los operadores, contaban con toda su documentación en regla.
Tras una mesa de diálogo con autoridades estatales, la Secretaría de Movilidad acordó retirarlo temporalmente del cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Heriberto Salinas rechazó las acusaciones, respecto a las presuntas preferencias hacia una empresa de grúas explicó que durante la actual administración únicamente se han otorgado 40 concesiones y que solamente tres corresponden a esa región: MJ, Pacífico y San Pedro.
También señaló que la empresa denunciante Segazo no cuenta actualmente con una concesión estatal para operar.
Respecto al retiro de unidades de transporte aseguró que las revisiones obedecen al cumplimiento de la norma y que muchas unidades superaban la antigüedad permitida o carecían de documentación.
Además recordó que durante los primeros ocho meses de la administración estatal se otorgó tiempo para que los concesionarios regularizaran sus vehículos.
¿Qué significa una suspensión temporal?
Se trata de una medida preventiva que permite separar momentáneamente a un servidor público de sus funciones mientras se desarrolla una investigación administrativa o, en su caso, penal.
El objetivo principal es evitar que influya en la investigación, impedir que pueda modificar documentos o evidencia, garantizar imparcialidad en el procedimiento y proteger el interés público.
¿Qué dice la ley del Estado de México?
La actuación de los servidores públicos mexiquenses se encuentra regulada principalmente por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Esta legislación establece que, cuando existen elementos suficientes para iniciar una investigación por posibles faltas administrativas, la autoridad puede imponer medidas cautelares para proteger el procedimiento.
Entre esas medidas puede encontrarse la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, siempre que sea necesaria para evitar que el servidor público obstaculice la investigación.
La ley también reconoce el derecho de audiencia, por lo que ninguna persona puede ser sancionada únicamente por una denuncia sin que exista un procedimiento en el que pueda defenderse.
Precisamente ese fue uno de los argumentos expuestos por el director regional de Movilidad durante la negociación con los manifestantes: el delegado no podía ser destituido únicamente por señalamientos sin antes realizar una investigación formal.
La legislación estatal no establece un plazo fijo para este tipo de suspensiones preventivas; su duración depende del tiempo que requieran las investigaciones y de la complejidad del expediente.
La investigación corresponde inicialmente a las áreas de control interno y a la propia Secretaría de Movilidad, si durante el procedimiento se detectaran posibles delitos relacionados con corrupción, el expediente podría remitirse a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México.
En caso de tratarse únicamente de responsabilidades administrativas, el asunto continuaría dentro del sistema estatal de responsabilidades administrativas.
Si las investigaciones concluyen que no existen elementos para acreditar irregularidades, el funcionario puede reincorporarse a sus funciones.
En cambio, si se comprueba alguna responsabilidad administrativa o penal, la autoridad podrá imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta destitución, inhabilitación e incluso responsabilidades penales, dependiendo de la gravedad de los hechos.
AD Noticias intentó contactar a la Secretaria de Movilidad; sin embargo, no obtuvo respuesta.
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