Uno de los principales problemas que enfrenta el Estado de México es la inseguridad. Hay evidencia suficiente para sostener que grupos delictivos de diversa procedencia y escala han generado situaciones límite en la vida ordinaria de los mexiquenses. La operación de dichos grupos abarca varias actividades delictivas. No se trata ya solo de cárteles de la droga. Son grupos cuyas actividades incluyen extorsión, secuestro, homicidios, robo y otros. Se les denomina delincuencia organizada por tratarse de grupos de personas cuya actividad continua es delinquir. No se trata de individuos que episódicamente comenten un acto ilícito o que se agrupan para «dar un golpe» y luego se disuelven. Hablamos de estructuras con jerarquías, funciones, logística y ramificaciones hacia la vida institucional.
No pueden existir este tipo de grupos sin extensiones y flujos de comunicación (y complicidad) con funcionarios públicos, agentes económicos, medios de comunicación, empresas y otras entidades de la vida pública. Esto incluye la «base social» en la que muchos se apoyan no solo para encumbrarse, sino para protegerse. Es un fenómeno complejo, de no muy larga data, pero con tendencia creciente.
Esto último es lo que motivó que la semana pasada, en un hecho sin antecedentes, se reunieran los gobernadores del Estado de México, Michoacán, Guerrero y Morelos. Lo hicieron —según se dijo— a instancias de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez. Habría sido ella la que encabezó este esfuerzo regional para tratar de hacer frente al problema de la inseguridad que, como todos hemos podido ver, se ha desbordado, sobre todo en regiones limítrofes de estas entidades.
En su intervención, la gobernadora dijo: «Estamos en esta Mesa Interestatal para establecer una cooperación histórica porque las circunstancias así lo ameritan». Esas circunstancias son, precisamente, este desbordamiento de actividades delictivas a las que hacemos alusión. Dicha reunión se dio en el marco de abiertos enfrentamientos entre grupos delictivos que han dejado episodios sangrientos en una región en la que confluyen las entidades referidas y que tiene ya una conocida historia de presencia de varios cárteles. La confrontación se da por el control de territorios y actividades lucrativas (lícitas e ilícitas), además de que se presenta hoy con más fuerza por los tiempos políticos: el relevo de autoridades a distintos niveles genera condiciones propicias para rehacer pactos, lealtades, colusiones y representaciones que cobijan o toleran la actividad delictiva organizada.
Su presencia constante casi se diluye en las circunstancias que se han normalizado desde hace años: cobro de piso, halconeo, narcomenudeo, control de precios, de proveeduría de bienes y servicios, violencia, impunidad, complicidad con autoridades municipales, estatales y federales. Hasta la música, el modo de vestir, de hablar, de interactuar públicamente se ha impregnado de esta presencia del crimen organizado.
Los episodios violentos recientes han generado un clima al que la gobernadora se refiere como «las circunstancias» que ameritan una acción conjunta. Se anunció al término de dicha reunión que se instalaría el Centro Coordinador de Operaciones Interestatales para la región de Tierra Caliente, mecanismo que encabezaría la Secretaría de la Defensa Nacional. También se dijo que los gobernadores y sus respectivos aparatos de gobierno tomarían las siguientes medidas: blindaje contra la delincuencia organizada, seguridad en carreteras, combate a la extorsión, vigilancia a la tala ilegal y fortalecimiento de las capacidades de comunicación y de inteligencia.
Nada se dijo de personajes o grupos delictivos en particular. No se nombró o señaló a objetivos prioritarios, cuya aprehensión se estima necesaria para calmar los ánimos de confrontación. Tampoco se anunció algún operativo específico, con objetivos y metas concretos. Que no se haya hecho nada de esto último puede ser visto, al menos, desde dos ángulos: el primero, indicaría que la falta de señalamientos precisos diluye las declaraciones políticas en acciones poco trascendentes. Pero el otro ángulo podría llevar a la conclusión de que no se trata de hacer shows con aprehensiones y despliegue de patrullas y efectivos de las fuerzas de seguridad, sino de coordinar esfuerzos y trabajar con base en labores de inteligencia e intervenciones más efectivas que espectaculares. Esto requeriría investigaciones serias, profundas, carpetas de investigación sólidas, órdenes de aprehensión bien fundadas y motivadas en contra de delincuentes y cómplices.
Estamos hablando de que si las cosas marchan en este sentido de una decisión política enfocada a deshacer las redes que sostienen a los grupos delictivos, se tendría que ser muy firme para investigar alcaldes, mandos policiales, diputados, regidores, militares, empresarios y un largo etcétera.
Solo el paso del tiempo dirá cuál de las dos miradas es la más acertada. Entretanto, «las circunstancias» son sufridas por la gente en su día a día.
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