El Estado de México ha experimentado una disminución del 3.44% en el delito de extorsión durante el 2023. Esta nueva estadística rompe la tendencia al alza que prevalecía desde 2017. Esta cifra positiva es el resultado directo de estrategias en una enérgica lucha contra grupos delictivos, en su mayoría vinculados a Michoacán y Jalisco.
La iniciativa presentada por el Fiscal General de Justicia del Estado de México en septiembre de 2022 que añade el artículo 199 BIS al Código Penal, tiene como objetivo sancionar la coacción ejercida por delincuentes para forzar a personas o empresas a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares específicos, así como imponer precios por encima del mercado.
Este nuevo marco legal no solo tipifica la extorsión en Edomex como delito, sino que también revoluciona su persecución. Ahora, la acción penal no depende exclusivamente de la denuncia de la víctima, garantizando así su seguridad e integridad.
«Contamos con un instrumento que nos permite actuar de oficio en actividades que antes no eran competencia de la autoridad, específicamente de la Fiscalía, y mucho menos estaban contempladas como una expresión criminal», explicó el Fiscal Cervantes Martínez.
Con esta reforma, los delitos contra el consumo en el Estado de México enfrentan penas de 6 a 10 años de prisión, con un aumento de hasta 5 años si son cometidos por dos o más personas, y un máximo de 15 años cuando intervienen grupos criminales. Los servidores públicos enfrentan penas adicionales de 8 a 20 años al cometer este delito.
En junio de 2022, la Fiscalía estableció el «Grupo Fuerza de Tarea», compuesto por Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y Analistas. Su misión: combatir el delito de extorsión en todas sus modalidades, respaldados por herramientas tecnológicas de última generación que facilitan las acciones investigativas y operativas.
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