El Estado de México está secuestrado por el delito más silencioso y rentable: la extorsión. Desde el cobro de piso a mercados de pollo y huevo hasta amenazas telefónicas a pequeños comerciantes, el crimen organizado factura —literalmente— por el miedo. El gobierno federal lo sabe: este 6 de julio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por orden directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
No es casualidad. El Edomex es el epicentro del fenómeno: lidera, junto Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, el 66 por ciento de las extorsiones cometidas en todo el país. Y el impacto no solo se mide en víctimas, sino en millones.
Un delito que retrocede, pero no desaparece
A pesar de su persistencia, la extorsión es un delito que muestra signos de descenso. En 2023 se denunciaron 4,010 casos en la entidad. Para 2025, con base en los datos registrados de enero a mayo, se estima que las denuncias cerrarán en aproximadamente 3,000, lo que representa una caída del 25 por ciento respecto a los datos anteriores.
En términos económicos, esta disminución significa que, si cada caso representa una pérdida promedio de 50,000 pesos, el daño económico directo bajaría de 200 millones a 150 millones de pesos. Sin embargo, al considerar la cifra negra estimada por el INEGI, el impacto real podría alcanzar los 19,000 millones de pesos al año, una cantidad superior al presupuesto anual de varios estados del país.
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Un ecosistema criminal altamente rentable
La Fiscalía del Edomex ha identificado un entramado complejo: dos grandes organizaciones criminales, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, 14 bandas y al menos 9 sindicatos delictivos que operan en el territorio. Solo en 2023, la institución reportó 4,010 extorsiones, de las cuales 73 por ciento fueron telefónicas o digitales. Los focos rojos están en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Naucalpan.
El patrón es claro: llamadas desde penales de otros estados, amenazas creíbles, cobros diarios o semanales, y una industria criminal que no necesita presencia física para someter a un territorio entero. En algunos sectores, como el avícola, el daño es verificable. De acuerdo con un informe oficial, solo en 2023 se cuantificaron pérdidas por más de 800 millones de pesos, entre operaciones comerciales paralizadas y bienes asegurados que podrían ser objeto de extinción de dominio.
La respuesta judicial no alcanza el ritmo del delito
Pese a los operativos, el delito se adapta. En 2023, las detenciones por extorsión aumentaron 61 por ciento respecto al año anterior. La Fiscalía estatal reportó 593 personas detenidas, 380 en flagrancia y 213 por órdenes de aprehensión. También se obtuvieron 274 sentencias condenatorias. Pero el delito persiste. La extorsión no requiere armas, solo miedo y una línea telefónica.
Un nuevo plan federal para contener un viejo problema
Por primera vez, el gobierno de México reconoce públicamente que la extorsión es uno de los delitos más dañinos del país. La nueva estrategia nacional incluye acciones coordinadas para desarticular bandas, proteger a las víctimas e identificar los flujos económicos del crimen. Equipos especializados operarán en las ocho entidades con mayor incidencia, entre ellas el Estado de México.
Es un paso necesario, pero insuficiente. Mientras no se aborde la raíz económica y carcelaria del problema, la extorsión seguirá siendo un impuesto criminal que millones de mexicanos pagan por sobrevivir.
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