México presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU por la presencia de más de 90 elementos de la Policía y de militares de Bolivia en la Embajada mexicana.
Durante la conferencia matutina de este jueves, el canciller Marcelo Ebrard dijo que este despliegue de las fuerzas bolivianas comenzó el pasado 23 de diciembre y que, debido a esto, estableció contacto con la ONU y demás organismos internacionales para que se respeten tanto la Convención de Viena, que rige el comportamiento y las obligaciones de cada país respecto a las sedes diplomáticas, como el Pacto de Bogotá.
Sin embargo, el Gobierno de México no han recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto y garantía de integridad a las sedes diplomáticas.
Debido a esto, se presentó un instrumento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia por violación a obligaciones diplomáticas. En ese recurso legal también se pide que se respete la integridad de las instalaciones y quienes están al interior de estas.
Ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años setenta y ochenta se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de la Embajada de México o de sus residencias.
El canciller dijo que México no busca retirar al personal diplomático de México de Bolivia, ya que hay una comunidad de 10 mil mexicanos en ese país.
Fue el 15 de noviembre cuando la embajada de México en La Paz recibió nueve solicitudes de asilo y protección de los perseguidos políticos, que además solicitaban que se les confirieran salvoconductos que les permitieran abandonar el país andino.
El 26 de noviembre, el gobierno de facto de Bolivia comunicó que había ordenes de aprehensión contra cuatro de los asilados en México, pero «prevalece en México el derecho de asilo», dijo Marcelo Ebrard.
Casi un mes después, afuera de la embajada de México en Bolivia aparecieron cerca de 90 elementos no solicitados de policía y ejército; «habitualmente hay solo seis de estos elementos», explicó el canciller. Por eso, México se contactó con el gobierno de facto de Bolivia para externar su preocupación respecto a este despliegue y también con la ONU y otros organismos internacionales.
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