El presidente Enrique Peña Nieto tendrá que responder a una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) realizada por la empresa Infrabier y el abogado Paulo Díez.
Ellos señalan que el presidente y una serie de funcionarios públicos organizaron una “conspiración de Estado” al impedir que cualquier otra constructora que no fuera OHL se encargara de la instalación, operación y mantenimiento de un sistema de tránsito vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.
También denuncian la posible conspiración de una grabación por una cámara de seguridad privada donde capta el momento cuando agentes de la Policía Ministerial “sembraron” un arma al interior del auto del abogado Díez, quien antes de ser evidenciado tuvo que pagar 60 mil pesos para poder salir bajo fianza.
Los acusadores presentarán a su favor audios en los que sustentan sus acusaciones; señalan que además de Peña Nieto estaría involucrado el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.