El pleno del Congreso local aprobó un exhorto a la Secretaría de Seguridad de la entidad para que implemente todas las acciones necesarias en los centros penitenciarios y de reinserción social investiguen y sancionen los actos de corrupción que se acrecentaron a partir de la aplicación de la Ley de Amnistía.
El diputado Heliodoro Enrique Sepúlveda expuso en el pleno legislativo que han recibido informes de la existencia de una red de corrupción al interior de los penales donde cobran desde 2 hasta 5 mil pesos por cada trámite y hasta por pasar de una puerta a otra, sobre todo a quienes buscan ser beneficiados con la amnistía.
Pidió que no se lucre con la ley, ni se hagan oídos sordos a este problema que tienen ya tiempo y se ha acrecentado en los últimos días, desvirtuando el objeto de la ley que es despresurizar las prisiones, otorgándoles la libertad a quienes no tuvieron acceso a un adecuado sistema de procuración y administración de justicia.
En tribuna, indicó que tienen detalles de los cobros que se hacen en las prisiones, a partir de una investigación que hizo Catalina Pérez Correa, profesora del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, quien señala que cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio 5 mil pesos mensuales para poder sobrevivir al interior de los centros.
Si quieren tener derecho a una celda, un colchón o una cobija, así como a comida higiénica, visita íntima, enseres, víveres o ropa se debe pagar más, por lo cual cada preso representa un negocio para algunos servidores públicos que ya tienen su “catálogo” de pagos, donde el uso de tarjeta telefónica cuesta 80 pesos, recibir alimentos 120 pesos, ingresar un televisor o equipo de audio de 800 a mil pesos, el aviso de la llegada de familiar 10 pesos y hasta por cruzar cada puerta deben entregar de dos a cinco pesos.
“Ahora también se cobra por el llenado de supuestos formatos autorizados de amnistía para acudir a locutorios, acceso al buzón de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para recibir la simple información para una solicitud, autorización de correo electrónico para recibir las notificaciones manejadas por las denominadas mamás o jefas de cantón, representa un costo de entre 500 o hasta 2 mil 500 pesos” señaló.
Para acceder al “llavero” que es quien se encarga de cuidar o abrir la puerta cuesta 30 pesos y se les amenaza para que no digan nada porque si no serán sujetos a tortura, lo cual es práctica recurrente en los penales de Ecatepec, Almoloya, Chiconautla, Nezabordo y sobre todo en Barrientos donde las cuotas son tres veces más caras.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad, luego que el orador señaló que la corrupción aumentó sin que nadie haga algo para detener el problema. Quien no paga es golpeado y torturado ante la indiferencia de las autoridades que hacen caso omiso a las quejas de los internos y sus familias.
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