En una sociedad de casi 20 millones de personas, como la del Estado de México, invariablemente habrá problemas. Consustancial a una comunidad viva tan grande y diversa. Nadie debería llamarse a sorpresa o estresarse porque algunos de los diversos grupos sociales recurren a la protesta callejera o hasta a la franca rebeldía para manifestar su desacuerdo, inconformidad o hartazgo. Mantener la calma, el temple, es lo recomendable, de ninguna manera podría llamársele pasividad. Que el gobierno estatal apueste por la tolerancia y el no uso de la fuerza es francamente gratificante. Vencer la tentación autoritaria no es cosa fácil. Estamos en democracia. La gobernabilidad es real y no está en riesgo. La paz siempre es bienvenida y disfrutable.
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La policía y la procuración de justicia del Estado de México fue tomada, controlada, por garcialunistas durante más de una década. Sí, el narcopolicía del panismo, mejor dicho, del prianismo, ponía a su antojo y de acuerdo con sus intereses a jefes de la policía y altos funcionarios de la procuraduría que le servían a él y a sus jefes narcos. Fue así como las puertas del Estado de México se abrieron al Chapo y los Chapitos, a los Beltrán Leyva, la Barbie, el Indio y el Charro, entre otros muchos. Así se crearon cárteles locales que hasta el día de hoy siguen operando. La lista de sus personeros en territorio mexiquense es larga y a todos los colocó con la venia de los gobernadores en turno.
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Otro que, como García Luna, hizo mucho daño en el Estado de México fue el consejero jurídico de Enrique Peña en la presidencia de la República, Humberto Castillejos. Tuvo tanto poder que pudo colocar a un par de secretarios de Seguridad, a un par de procuradores de justicia y a buen número de magistrados del Poder Judicial local, algunos de ellos todavía en activo. Humberto y García Luna tenían acuerdos y caminaban juntos. Alfredo Castillo Cervantes y Alejandro Gómez Sánchez fueron parte de la obra maligna que tanto daño y dolor causaron a la sociedad del Estado de México.
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Las denuncias, señalamientos por corrupción, conflicto de interés, tráfico de influencias y abuso de autoridad, contra Armando Alonso Beltrán manan como agua de un géiser. A la redacción de AD llegan nuevas y abundantes acusaciones. Los detalles sobre un cúmulo de irregularidades en el ejercicio actual de su encargo de vocal de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) deberían ser inaceptables para un gobierno que tiene como principio el combate a la corrupción. Es incomprensible la tolerancia para con él.
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Las presiones para sacar a Paulina Moreno de la Secretaría de Finanzas del Gobierno son tan obvias como pueriles y, hasta ahora, infructuosas. No la quieren a cargo del dinero público y la intrigan en cualquier oportunidad. ¿Qué les hizo? ¿A quién quisieran colocar allí? La tesorería siempre será objeto de disputa.
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