Hace algunas décadas, cuando se crearon los organismos públicos defensores de derechos humanos en México, se impuso una narrativa para descalificarlos: «defienden delincuentes«. Esa expresión buscaba sugerir que tales instancias a lo único que se dedicaban era a evitar que las autoridades hicieran su trabajo punitivo. Desde luego que se trataba de un discurso impulsado desde instancias como los Ministerios Públicos, la policía y algunos ideólogos de corte conservador y autoritario. Lo cierto es que hoy en día la mayor cantidad de quejas que se presentan ante dichos organismos no tienen nada que ver con los delincuentes, sino con los servicios de salud.
En el más reciente Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2024, dado a conocer por el INEGI la semana pasada, así se revela. Indica que el presunto hecho violatorio más frecuente en las quejas que se presentan fue «omisión de la prestación de atención médica», además de que otras de las quejas más frecuentes es la falta de suministro de medicamentos. Los casos que se relacionan con el trato dado a los presuntos delincuentes es una porción menor del total.
Hay otros datos interesantes que nos revela el Censo, por ejemplo, el hecho de que el mayor número de presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos sean mujeres (con aproximadamente 18 mil quejas al año), seguido de las personas recluidas (con casi 8 mil quejas) y los adultos mayores (poco menos de 5 mil quejas). En lugares ya marginales están periodistas, defensores civiles de derechos humanos, indígenas, personas con alguna discapacidad y otros grupos vulnerables.
De acuerdo con los registros que informó el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sigue siendo la instancia que más quejas atiende. En el año 2023, atendió a más de 26 mil ciudadanos que acudieron a quejarse por sentir que habían sido violentados sus derechos. Las comisiones locales de derechos humanos que le siguen en número de quejas atendidas son la Comisión de la Ciudad de México (casi 16 mil quejas) y la del Edomex (poco más de 8 mil).
Al realizar el comparativo con registros anteriores, el INEGI asegura que, «en relación con los expedientes de queja calificados por la CNDH y las comisiones estatales, 95 mil 789 se calificaron como presuntamente violatorios de derechos humanos (otros 15 mil no fueron considerados violatorios de derechos). En comparación con 2022, esta cifra disminuyó 2.6 % en 2023″. Esto puede interpretarse de distintas maneras, porque no necesariamente indica que se violen menos derechos humanos en el país. Bien puede identificarse que la gente no acude a quejarse o que los presuntos responsables no sean servidores públicos, sino grupos criminales, por ejemplo.
Sabemos que nuestro país atraviesa desde hace décadas por una crisis de violencia homicida, que no dejan de crecer los casos de desapariciones o que el crimen organizado comete infinidad de abusos contra los derechos de las personas. Ello conduce a la siguiente reflexión: hubo un tiempo en México cuando el régimen era el principal violador de derechos humanos. La tortura, las detenciones arbitrarias, la represión, las desapariciones forzadas e incluso las masacres corrían a cargo de agentes del Estado. En ese contexto eran necesarios organismos autónomos que pudieran conocer de quejas contra actos atribuibles a servidores públicos que representaran transgresiones a los derechos humanos. Hoy la realidad ha cambiado.
Hace ya varios lustros que otros actores, muy violentos, asesinan, secuestran, desaparecen, extorsionan, torturan, amenazan y cometen otros muchos abusos que son claras violaciones a los derechos básicos. Sin embargo, no se trataría formalmente de violaciones a derechos humanos (por no haber sido cometidas por servidores públicos), sino francas conductas delictivas. Para conocer y perseguir los delitos están las fiscalías y las policías de investigación. Cuando estas últimas no hacen su trabajo, los casos son cubiertos por el manto de la impunidad. Ese es hoy un muy grave problema en México.
Las personas que son víctimas de delitos concurren muy poco ante las Comisiones de Derechos Humanos (aproximadamente 3% del total de quejas). Podrían hacerlo para denunciar que los servidores públicos no realizan su trabajo para investigar los casos, detener a los responsables y ponerlos a disposición de un juez, acreditando su culpabilidad. Podrían hacerlo, sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Puede ser por ignorancia de las facultades y ámbitos de competencia de las Comisiones, por estimar que no obtendrán nada presentando su queja, por temor a represalias de la autoridad, o alguna otra razón.
Podríamos especular mucho más al respecto, pero queda claro que los organismos públicos defensores de derechos humanos en México poco aportan a la solución del grave problema de violencia en el país. Y aunque las quejas que atienden cada vez sean menos, ello no debe entenderse como ausencia de transgresiones a los derechos fundamentales de las personas.
Lo que el censo ya referido registra es que, luego de que la gente acude a las Comisiones, ya sea la CNDH o las estatales, presenta su queja y esta es calificada como presuntamente violatoria de derechos humanos, la principal causa que se atiende es: «Violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública», seguida de «Negativa o inadecuada prestación de servicios públicos» y, en tercer lugar, «detención arbitraria».
Como puede apreciarse, no son estas las figuras que representan de mejor manera la crisis de derechos humanos que claramente padece el país. En cambio, sí lo son los casi 70 homicidios dolosos que se presentan diariamente, los miles y miles de desaparecidos, los desplazamientos por violencia, las privaciones ilegales de la libertad y un largo etcétera.
Sí, el contar con las Comisiones defensoras de derechos humanos es importante, pero —como ya dijimos— el que reciban menos quejas o que haya una tendencia a la disminución en la cantidad de expedientes calificados como presuntas violaciones a las garantías individuales y colectivas, no significa que hoy nuestro país sea un mejor lugar para el ejercicio de los derechos de las personas.
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