El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos este 20 de enero pone en riesgo de deportación a los más de 660 mil migrantes mexiquenses en situación irregular.
A pesar de este grave panorama, el Gobierno del Estado de México no ha dado a conocer ningún plan emergente para recibir a los miles de mexiquenses en riesgo de deportación.
Edomex sin plan preciso
En Estados Unidos, hay aproximadamente 1 millón 200 mil mexiquenses, de acuerdo con la Secretaría de Asuntos Internacionales estatal. De estos, 660 mil se encuentran en situación irregular, lo que representa más de la mitad de la comunidad migrante del Edomex.
Respecto a la posible deportación de los mexiquenses, José Pablo Montemayor, coordinador de Asuntos Internacionales, aseguró que el gobierno mexiquense ya se prepara para este escenario.
«Estamos haciendo las cosas correspondientes aquí en el Estado de México para recibir, en su caso, a todos los migrantes deportados de manera involuntaria», aseguró en entrevista.
Sin embargo, no han anunciado un plan específico para recibir a los miles de posibles mexiquenses deportados. Esta ausencia de algún proyecto podría desencadenar un aumento en las estadísticas de desempleo al no tener las estrategias para insertar a los compatriotas al campo laboral.
Remesas de los mexiquenses
Los planes de deportación masiva de Donald Trump también afectarían la economía estatal con la posibilidad de la reducción de las remesas que envían los compatriotas mexiquenses.
De acuerdo con el Banco de México, los migrantes mexiquenses envían trimestralmente a sus familias un promedio de 1,200 millones de dólares en remesas.
Esto se traduce aproximadamente en 400 millones de dólares al mes o 13.3 millones de dólares diarios. Convertido a pesos mexicanos al tipo de cambio actual, estas remesas representan casi 300 millones de pesos diarios
Plan de Trump
La estrategia de Donald Trump contempla declarar una emergencia nacional, lo que le permitiría utilizar recursos militares para frenar el flujo migrante. Este discurso busca justificar medidas extremas como el uso de la Ley de Insurrección. Esta normativa otorga al presidente la facultad de desplegar tropas militares dentro del país para apoyar a las autoridades civiles en situaciones de disturbios.
La aplicación de esta ley implicaría la militarización de las políticas migratorias, elevando el riesgo de violaciones a los derechos humanos y de acciones represivas.
Además, Trump ha planteado la posibilidad de recurrir a disposiciones aún vigentes de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798. Con ellas, se pretende tratar a los inmigrantes como un ejército invasor. Esta narrativa no solo criminaliza a millones de personas que buscan mejores oportunidades, sino que también abre la puerta a políticas migratorias deshumanizantes.
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