Toluca, Méx.- Mientras millones de mexicanos sufren los efectos de la aguda crisis económica del actual régimen, con alzas generalizadas en el precio de productos y servicios, el dispendio de las secretarías públicas y “organismos autónomos” no deja de ir en aumento.
Un proyecto aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), relativo a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio de 2017, acordó solicitar un presupuesto de 2 mil 346 millones de pesos, pagados con los impuestos de los ciudadanos, para organizar la jornada política. Los preparativos de las elecciones comenzarán la primera semana de septiembre.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto, de ese dinero, alrededor de 800 millones de pesos se destinarán a los nueve partidos políticos y candidatos independientes, para sufragar su financiamiento público. El resto del dinero será destinado, según el IEEM a actividades de difusión del voto, promoción de la “cultura democrática” y el pago de sueldos y salarios a los empleados permanentes y eventuales que realizarán los preparativos y el conteo de votos de dicha jornada.
Más de 10 millones y medio de electores potenciales podrán votar para elegir nuevo gobernador en el Estado de México, la segunda economía del país y en la cual se concentra el mayor número de mexicanos en lo que se califica como “pobreza multidimensional”.
Quienes padecen ese nivel de pobreza — 8 millones 269 mil 852 mexiquenses – enfrentan al menos cuatro tipos de carencias: en educación, salud, vivienda o alimentación y sus ingresos son insuficientes, según la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Pero la pobreza y las elecciones no son dos fenómenos separados. Una de las condiciones de la democracia es el sufragio libre e informado, aunque en el Estado de México tal premisa está todavía por cumplirse, pues se considera que la pobreza es un factor que incide en fenómenos de manipulación del voto, de corporativismo y clientelismo.
A pesar de tales condiciones, el próximo proceso electoral será uno de los más caros en la historia del Estado de México, y lo que se pretende gastar alcanzaría para la compra de aproximadamente 2 millones de canastas alimentarias, cuyo costo actual asciende a mil 255.16 pesos, estrictamente para el consumo de alimentos. Incluso se podrían adquirir con dicho presupuesto 2 millones de casas de interés social.
Mientras que para una elección se destinan cantidades millonarias, a la población mexiquense con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, la cual aumentó en 79.46 por ciento en seis años, no hay nada.
Un informe del think tank independiente CIDAC, establece que la agenda de combate a la pobreza de la administración estatal ha demostrado a lo largo de los años ser ineficaz.
El Estado de México contabilizó en el 2016 un total de 17 millones 026 mil 314 habitantes. Es un territorio de contrastes, donde existen varios elementos que provocan la persistencia en los altos índices de pobreza y el poco bienestar con el que los mexiquenses viven.
El grueso de la Población Económicamente Activa (PEA), gana de 1 a 5 salarios mínimos y la tasa de informalidad se mantiene en el rango de 55 a 60 por ciento desde 2005, siendo el ingreso promedio de la población ocupada de 6 mil 008 pesos para los hombres y de 4 mil 633 pesos para mujeres.
A pesar de tales cifras, el organismo electoral pretende arrendar inmuebles que implicaría un gasto de 36 millones de pesos para las 45 juntas y expone que por cuestiones de “logística y conveniencia del instituto”, las rentarán 12 meses, e incluso las podrán usar como centros de acopio.
La dimensión del gasto ejercido por el organismo electoral, daría para comer a muchos millones de mexiquenses que están en condiciones de pobreza.
Si bien la reforma de 2007 introdujo reglas para generar ahorros y hacer más manejable los recursos para los procesos electorales, ello ha sido muy acotado, toda vez que los ahorros en general han sido bajos.
Las deliberaciones sobre la reducción de los gastos tanto de las campañas como de los recursos que se canalizan a la preparación y realización de los comicios, así como los recursos reclamados por los partidos para su operación y financiar su activismo, continúa vigente.
