Comunidades indígenas de los municipios mexiquenses de Villa del Carbón, Huixquilucan, Xonacatlán, Atlacomulco, Nicolás Romero, Chapa de Mota y Naucalpan denunciaron el desacato de las empresas IUSA, HIGA (Autovan) y OHL, al amparo de la construcción de las carreteras Toluca-Naucalpan y Atizapán-Atlacomulco, otorgado por las autoridades federales, quienes consideraron que los habitantes son los dueños de las tierras.
Dicho amparo es derivado del litigio que dio como resultado la suspensión de las obras; sin embargo, las empresas responsables han continuado con los trabajos de construcción.
Los ejidatarios señalaron que ambas obras carreteras tienen una interconexión y que además comparten las irregularidades y afectaciones de los dos proyectos carreteros.
Jaime Vargas Martínez, abogado y representante del Consejo Supremo Indígena a nivel nacional, detalló que para la construcción de la carretera Atizapán- Atlacomulco no se tomó en cuenta el derecho de las comunidades indígenas a opinar al respecto. Puntualizó que 80 manantiales de la zona han sido afectados por la obra, lo cual consideró como grave, ya que, dijo, de ellos se abastece el estado de Hidalgo, la Ciudad de México y la capital mexiquense.
Además de lo anterior, señaló afectaciones a la flora y fauna, a casas particulares, a tierras abiertas a cultivo, canales de riego, y específicamente en la comunidad de Las Vigas en Villa del Carbón la destrucción de dos escuelas y una iglesia. Acusó a las autoridades municipales y delegados de malos manejos para obtener un beneficio personal con la construcción de la misma.
“Decirle al gobierno que estamos hartos de que sigan violando nuestros derechos, de que acaben con nuestros recursos naturales, de que violen esa parte ancestral que nos rige como comunidades indígenas… las tierras nos fueron otorgadas para hacer de ellas un bien común, más no para destrozarlas como ha hecho de ellas el presidente Enrique Peña Nieto y muchos más, creando autopistas y haciendo zonas urbanizadas que lo único que hacen es acabar con nuestros recursos naturales…”.
Los municipios afectados por esta obra son Villa Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Chapa de Mota y Atlacomulco. Los habitantes alertaron que además de la carretera, el gobierno planea la construcción de un mega proyecto de urbanización que beneficie a empresarios extranjeros.
Por su parte, Juan Villegas Mejía, representante indígena, refirió que la construcción de la Toluca- Naucalpan afecta los ejidos de La Magdalena Chichicaspa, Lerma, San Francisco, Santa Cruz, Ayotuzco y San Francisco Xochicuautla, mismos que comprenden 11 kilómetros de longitud, así como 140 manantiales, un acuífero subterráneo y un río.
Comentó que autoridades del INAH y la PGR están al tanto de las irregularidades, pero no han realizado acciones al respecto. En total por ambas obras son afectados 39.8 kilómetros.
Los ejidatarios pedirán al Gobierno del Estado de México ser consultados tal como está determinado en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, para posteriormente lograr un diálogo con las empresas constructoras y entre ambos determinen el futuro de las obras, buscando la preservación de las condiciones étnicas y de medio ambiente.
El amparo de la carretera Atizapán-Atlacomulco cuenta con el número de expediente 13602017, mientras que la Naucalpan-Toluca 12082015.
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