El problema de las personas desaparecidas en México no es nuevo. Desde 2017, cuando se expide la ley en la materia, la tendencia ya era creciente en reportes de desapariciones, pero también se anunciaba un cambio en la política estatal, que consistía en dejar de negar el fenómeno y expedir una ley que reconociera el problema, así como la creación de instancias para atenderlo.
Casi una década después, el tema no sólo sigue vigente, sino que tiene una vuelta de tuerca más, que nos convoca a ver, por un lado, el voluminoso número de reportes de desaparición y, por otro, la maquinaria administrativa que ahora está tratando el tema y que nos ha proporcionado nueva información.
Los datos presentados hace unos días en la conferencia de la presidenta Sheinbaum pudieran ser leídos como indicadores de una eficiencia administrativa que busca hacer más de lo que hicieron otros gobiernos. Pero creo que también debe atenderse lo que simbolizan: son el síntoma de una profunda crisis en la gestión de la vida y la muerte. ¿Por qué? Bueno, si ponemos atención, vemos que se habla de un registro histórico que roza los 400,000 casos, pero se subraya la cifra de 130,178 personas que permanecen desaparecidas. Puede decirse que, como sociedad, nos enfrentamos a una «tecnología de la invisibilidad» que desafía las bases mismas del contrato social y la cohesión comunitaria.
El Estado, en su afán por procesar la tragedia, genera (incluso involuntariamente) una «desaparición administrativa». Cuando un individuo carece de los datos mínimos para ser rastreado, queda suspendido en un limbo.
Pero lo que ahora nos ha presentado el gobierno es una nueva clasificación de los desaparecidos en categorías como «sin datos suficientes» (36%) o «indicios de localización» (31%). Esto es indicativo de una gestión biopolítica del problema. El Estado, en su afán por procesar la tragedia, genera (incluso involuntariamente) una «desaparición administrativa». Cuando un individuo carece de los datos mínimos para ser rastreado, queda suspendido en un limbo donde no es ni una persona viva con derechos, ni un fallecido con un lugar en la memoria.
Esta fragmentación de las cifras produce lo que algunos teóricos denominan el «Estado de excepción permanente». El hecho de que, en 31% de los casos de presuntos desaparecidos, se haya documentado que tuvieron actividad (o indicios de vida), contrastando las bases de datos del SAT o el INE, sugiere que el Estado posee una mirada fragmentada: reconoce al ciudadano como un contribuyente o un votante en sus bases de datos, pero es incapaz de localizar al ser humano físico en el territorio. Esta desconexión entre la identidad digital y la presencia corporal es una de las características más crueles de la sociedad moderna.
Al tomar la pala y buscar en las fosas, estas mujeres no solo buscan restos biológicos; están realizando una labor de «reparación simbólica» del tejido social que el Estado ha sido incapaz de proteger durante ya muchos sexenios.
Otra cosa que queda expuesta con estos datos es la «feminización de la resistencia». Dado que 78% de los desaparecidos son hombres, han sido las mujeres —madres, hermanas e hijas— quienes han pasado del ámbito privado del duelo a la esfera pública de la protesta. Estos colectivos de búsqueda representan una nueva forma de acción que desafía las instituciones. Al tomar la pala y buscar en las fosas, estas mujeres no solo buscan restos biológicos; están realizando una labor de «reparación simbólica» del tejido social que el Estado ha sido incapaz de proteger durante ya muchos sexenios. Su labor es un acto de ciudadanía radical que demanda la recuperación de la verdad histórica por encima de la estadística oficial.
Para comprender la persistencia de las desapariciones, es necesario analizar el contexto de «soberanías fragmentadas». En vastas regiones del país, el monopolio de la violencia legítima ya no pertenece exclusivamente al Estado. Grupos paraestatales ejercen un control territorial que utiliza la desaparición como una herramienta de gobernanza criminal. En este escenario, el cuerpo humano se convierte en una mercancía o un mensaje.
La desaparición, por tanto, no es un caos irracional, sino una estrategia racionalizada de control y acumulación de poder en las sombras.
La desaparición está íntimamente ligada a lo que podríamos llamar «capitalismo criminal». Existe una correlación geográfica innegable entre las zonas de alta incidencia de desapariciones y los territorios de valor extractivo, rutas logísticas o áreas de expansión urbana. En estos lugares, la eliminación de personas sirve para desarticular resistencias comunitarias o para reclutar forzosamente mano de obra en economías ilícitas. La desaparición, por tanto, no es un caos irracional, sino una estrategia racionalizada de control y acumulación de poder en las sombras.
El informe del gobierno destaca la implementación de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda. Si bien estos son avances técnicos necesarios para reducir el rezago forense, desde un punto de vista sociológico plantean una interrogante sobre la memoria. Una sociedad que se acostumbra a buscar a sus ciudadanos en bases de datos genéticas corre el riesgo de normalizar la tragedia.
La justicia en el caso de las desapariciones no se agota con el hallazgo del cuerpo o la actualización de un registro. La verdadera reparación implica abordar las causas estructurales: la impunidad, la desigualdad económica que alimenta las filas del crimen y la corrupción institucional. Mientras la desaparición siga siendo una herramienta eficaz para silenciar o controlar, las cifras de localización siempre irán a la zaga de las nuevas ausencias.
En suma, las cifras dadas a conocer por la Presidencia de México nos colocan ante un espejo incómodo. Nos muestran una nación donde la vida puede ser borrada, pero la huella administrativa persiste. Sociológicamente, el desafío de México no es solo técnico, sino existencial. Se requiere una reconstrucción del Estado que no solo se limite a contar a sus desaparecidos, sino que garantice la seguridad de los presentes. La transición de una sociedad que sobrevive entre fosas a una que vive en justicia, dependerá de nuestra capacidad para reconocer que cada cifra representa un proyecto de vida truncado y una herida abierta en la conciencia colectiva. El problema de las desapariciones solo terminará cuando el valor de la vida humana supere, en todos los niveles, el valor del control territorial y el beneficio económico.
Lee también: Hasta encontrarlos: la esperanza abre la tierra en La Marquesa
Síguenos