El Estado de México se suma a una tendencia nacional: adelgazar el aparato institucional bajo la consigna del ahorro. Esta vez, el recorte no es menor. La gobernadora Delfina Gómez ha propuesto extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), y trasladar sus funciones a dependencias del Ejecutivo. La fecha para su desaparición sería el próximo 20 de junio.
La pregunta de fondo no es ideológica, sino contable: ¿cuánto costaba mantener al INFOEM? En 2025, este órgano autónomo operó con un presupuesto de 227.7 millones de pesos, una cifra considerable si se toma en cuenta la creciente presión por optimizar el gasto público. Solo entre agosto de 2021 y marzo de este año, el instituto erogó 6.4 millones de pesos en viáticos, que incluyeron 25 viajes internacionales. En una sola estancia nacional, se llegó a cubrir más de 53 mil pesos
Te puede interesar: Esta es la fecha en la que desaparecerá el INFOEM
Respuesta a solicitudes de información
Este nivel de gasto contrastó con su desempeño: en el primer cuatrimestre de 2025, la tasa de respuesta a solicitudes de información cayó 15 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, a pesar de los recursos asignados, la eficiencia institucional disminuyó.
Los defensores del INFOEM aluden a sus plataformas públicas, medidas de apremio y facultades para sancionar. Pero en casi dos décadas, el instituto no denunció ni sancionó casos relevantes de corrupción a nivel estatal. Sus acciones se limitaron a multas menores contra funcionarios municipales, sin consecuencias estructurales. En la práctica, fue una estructura con escasa incidencia real y alta carga presupuestal.
Este fenómeno no es exclusivo del Estado de México. En muchos órganos autónomos locales, los comisionados son elegidos por cuotas políticas y su independencia es más formal que efectiva. En este contexto, el INFOEM llegó a percibirse como una institución decorativa, costosa e ineficiente.
La preocupación de su presidente, José Martínez Vilchis, sobre la pérdida de garantías ciudadanas es válida. Pero también lo es preguntar: ¿qué justificaba mantener un aparato de casi 228 millones de pesos anuales, si su impacto era, en el mejor de los casos, marginal?
A nivel federal, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) fue disuelto a finales de 2024, y sus funciones pasaron a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Contra lo anticipado, el acceso a la información no colapsó. Varios estados replicaron la medida sin que los derechos ciudadanos desaparecieran.
De origen limitado a órgano ampliado
El INFOEM no siempre tuvo su forma actual. Fue creado en 2004 bajo el nombre de Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM), y su diseño institucional original solo le permitía conocer de los recursos de revisión del Poder Ejecutivo local. Los demás Sujetos Obligados (como ayuntamientos, órganos autónomos y organismos descentralizados) tenían sus propias instancias revisoras.
Fue hasta el 31 de agosto de 2012 que se publicó en la Gaceta de Gobierno la Ley de Protección de Datos Personales, que no solo amplió sus atribuciones como órgano garante en esa materia, sino que también transformó su nombre al actual: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).
Discusión en el Congreso Edomex
¿Debe o no debe existir el INFOEM?
El verdadero debate, entonces, no es si debe existir o no el INFOEM, sino cómo se garantizan la transparencia y la rendición de cuentas sin multiplicar estructuras inoperantes. Porque si algo debe mejorar con urgencia, es la fiscalización de los contratos públicos —especialmente a nivel municipal— donde los recursos siguen beneficiando a socios, familiares o amigos del poder.
Eliminar al INFOEM puede representar un alivio presupuestal inmediato, pero si no se acompaña de un rediseño profundo de los mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, el riesgo no es perder transparencia, sino institucionalizar su simulacro… a un costo menor.
Síguenos