La descolonización priista del IEEM ha iniciado. En ese contexto se interpreta el reciente cambio de criterios y procedimientos para el acceso a las 45 vocalías distritales y 125 municipales para las elecciones 2024. Históricamente, esas posiciones eran ocupadas sistemática y mayoritariamente por personas afines al PRI. Nuevos aires soplan para la autoridad electoral.
*
El diputado local priista por el distrito XXXV de Metepec, Alfredo Quiroz, opera políticamente para dificultar que el alcalde Fernando Flores intente reelegirse. No solo eso, ha hecho público su deseo por sustituirlo. Sí, de alguna forma se han generado las condiciones para correr por la presidencia municipal. Quiroz es primo de César Camacho y trabajó durante muchos años para Ernesto Nemer y Carolina Monroy, podría decirse que forma parte del mismo grupo que durante mucho tiempo ha controlado el municipio.
*
Los aburridísimos informes de labores de diputados y alcaldes —que el pueblo debería saber que se pagan con su dinero— son ahora la plataforma de lanzamiento de chapulines y reeleccionistas. No sirven, por insulsos y baladís, como republicanos actos de rendición de cuentas, simplemente los han reducido a mítines políticos y terapias egocéntricas de autoelogio. Dinero público que se va por el caño de las malas prácticas.
*
A lo largo de los años, Fernando Vilchis ha podido armar y operar, cada vez con mayor eficacia, una impresionante estructura de movilización y acción electoral a su servicio. La integran cientos de personas, quizás miles, muy bien adiestradas para conseguir votos. Cuesta una fortuna una maquinaria así, tipo PRI, que ha puesto a trabajar en sus siguientes objetivos: la candidatura de Morena al senado para él y la de su esposa a la alcaldía que dejará. En el inicio, Vilchis parecía un político diferente, pero terminó igual o peor que todos. Qué lástima.
*
Le clonaron la cuenta de Facebook a la joven secretaría de Finanzas, Paulina Moreno García. Defraudadores se hacen pasar por ella para ofrecer a alcaldes y diputados recursos públicos a cambio de un moche. Podrán ser delincuentes comunes, pero todo sugiere que no, que su intención no es solo la de obtener ganancias ilícitas, sino de sembrar desconfianzas y hacer daño político. Veremos.
Síguenos