En el horario de clases de Viivra Studio aparecía un nombre: Aimee Miranda. Era la instructora de indoor cycling, la persona que acompañaba a los alumnos en sesiones de bicicleta bajo techo. El establecimiento, ubicado en Town Square Metepec, la presentaba en sus redes como una entrenadora capaz de motivarlos a ir un poco más lejos. Una actividad visible, con reservaciones, horarios y una identidad profesional.
La información proporcionada a AD Noticias identifica a esa instructora como Aimee de Guadalupe, hija de Luis Miranda Contreras. Su padre había administrado las finanzas de Michoacán durante el gobierno del priista Fausto Vallejo. La familia tenía su residencia en La Providencia, uno de los fraccionamientos exclusivos de Metepec.
En ese entorno también estaban Liliana, esposa del exfuncionario; Luis Samuel, su hijo, y Agustín Arturo, el escolta. El domicilio, los automóviles de alta gama y las actividades profesionales componían una imagen reconocible de prosperidad: un exfuncionario con trayectoria, una hija dedicada al ejercicio y una empresa de arquitectura y construcción.
Ahora, una investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía mexiquense coloca a los cinco en el mismo expediente. Las autoridades los señalan como integrantes de una presunta red familiar de extorsión y sitúan su centro de operaciones en la residencia de La Providencia.
Desde allí, según la acusación, se contactaba a políticos, funcionarios y empresarios para pedirles dinero o favores en nombre de personas que ocupaban cargos de poder.
El oficio de parecer confiables
Miranda Contreras conocía las oficinas públicas desde dentro. Entre 2012 y 2013 había sido tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán. Su trabajo le había permitido conocer las estructuras gubernamentales y los procedimientos administrativos.
La investigación sostiene que ese conocimiento y las relaciones acumuladas durante su paso por el servicio público facilitaron la operación. Los contactos permitían obtener números personales. Después venía el acercamiento.
Alguien se presentaba como asistente o secretario particular. Decía que necesitaba actualizar una agenda o preparar una comunicación con su superior. En ese intercambio obtenía información sobre dependencias, funcionarios o asuntos políticos y económicos. Los datos servirían después para dar credibilidad a una nueva llamada.
Entonces aparecía el supuesto personaje de mayor jerarquía: un ministro de la Suprema Corte, un gobernador, un alcalde o un funcionario de la Presidencia. La petición podía ser dinero para una operación política, apoyo para agilizar pagos, una contratación o un puesto dentro de una administración. Las autoridades también describen amenazas.
La red habría utilizado nombres, logotipos y perfiles oficiales, además de inteligencia artificial para imitar voces y fabricar conversaciones. El objetivo era que la víctima reconociera los códigos del poder y actuara como si la instrucción fuera auténtica.
La acusación atribuye al exfuncionario la dirección del supuesto entramado y señala la probable participación de su esposa, sus dos hijos y el escolta. La información pública todavía no detalla qué llamadas, amenazas o cobros habría realizado individualmente cada uno.
Dos rostros de una misma vida
Mientras la acusación reconstruye esas comunicaciones, la actividad pública de Aimee muestra otra rutina: clases, alumnos y promoción de un estudio de ejercicio.
Su trabajo como instructora permite observar una faceta de la vida cotidiana de la familia. Por sí mismo, no acredita una actividad delictiva. El comunicado tampoco señala a Viivra Studio como parte del entramado investigado.
La función que la Fiscalía atribuye a la hija está en otro negocio. Según las autoridades, una empresa de arquitectura y construcción de su propiedad habría sido utilizada para ingresar al sistema bancario el dinero obtenido mediante las extorsiones.
Miranda Contreras solicitaba entregas en efectivo y, cuando necesitaba bancarizar los recursos, recurría a esa sociedad, de acuerdo con la investigación. El comunicado no identifica la razón social.
En ese punto se cruzan la imagen de prosperidad y la acusación. La empresa que podía explicar ingresos dentro de una actividad profesional es señalada como un conducto para introducir dinero de presunto origen ilícito. Las propiedades y los vehículos que mostraban solvencia aparecen también en la reconstrucción financiera: las autoridades sostienen que parte de los recursos se destinó a bienes en zonas de alta plusvalía y automóviles de lujo.
La casa bajo investigación
El cateo cambió el significado de la residencia de La Providencia. El inmueble pasó a formar parte de una investigación por extorsión.
Los agentes aseguraron teléfonos, tarjetas SIM y vehículos. La Fiscalía identificó al menos 19 dispositivos y reportó correspondencias entre equipos, líneas telefónicas y números denunciados por algunas víctimas. También señaló que los detenidos intentaron ocultar aparatos durante la diligencia.
La investigación terminó por reunir a toda la familia en el mismo expediente. Miranda Contreras, su esposa Liliana, sus hijos Luis Samuel y Aimee de Guadalupe, y el escolta Agustín Arturo fueron detenidos. El 6 de octubre, un juez vinculó a los cinco a proceso por extorsión e impuso prisión preventiva justificada.
La resolución permite continuar el procedimiento; todavía no constituye una sentencia condenatoria. Los acusados conservan la presunción de inocencia y las autoridades deberán acreditar la responsabilidad individual de cada uno.
La investigación deberá establecer cuánto dinero obtuvo el grupo y qué bienes fueron adquiridos con esos recursos. También queda por precisar cuándo llegó la familia a Metepec y cómo obtuvo la residencia.
Hasta ahora, la acusación describe una operación que habría funcionado desde al menos 2021. Durante ese tiempo coexistían dos imágenes: la que podía verse en una clase de ciclismo o en una residencia exclusiva y la que las autoridades reconstruyen a partir de llamadas, teléfonos y movimientos de dinero.
Aimee aparecía en un horario de entrenamiento. Su padre tenía una trayectoria en el gobierno. La familia vivía en La Providencia y contaba con un escolta. Esos datos componían una vida que podía leerse como próspera. Hoy, el padre, la madre, los dos hijos y el hombre encargado de la protección están sujetos a proceso, mientras los investigadores siguen el dinero para determinar qué sostenía aquella prosperidad.
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