“[…] A la mujer que diere muerte al producto de su propia concepción o consintiere en que otro se la diere, se le impondrán de uno a tres años de prisión […] si lo hiciere para ocultar su propia deshonra, se impondrá de seis meses a dos años de prisión”. Es lo que el artículo 250, entre algunas otras disposiciones del Capítulo V del Código Penal del Estado de México, establecían hasta el día 25 de noviembre de este año.
En 1999 se atendieron poco más de 15 mil mexiquenses por aborto, un promedio diario de 42 mujeres. En otras palabras, prácticamente el 10% de todos los procedimientos del país (Modesto, 2003). Esto, ¡hace 25 años! La verdadera deshonra era cargar durante décadas con una deuda histórica a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes en el estado más poblado del país.
La despenalización del aborto es un tema que no corresponde a un debate moral, sino a uno legal, donde el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en amparos como en acciones de inconstitucionalidad, es eliminar la prohibición del aborto en los Códigos Penales y asegurar el acceso a estos servicios, reconociendo la autonomía reproductiva como una cuestión de derechos humanos y de salud pública.
¿Qué es lo que sigue? La asignación de recursos financieros, humanos y materiales a los servicios de aborto seguro; personal de atención médica, psicológica y trabajo social capacitado y suficiente; así como protocolos para la solicitud, el acceso y la interrupción del embarazo.
Lo ocurrido el pasado lunes es un acto de congruencia al garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo para las mexiquenses mediante una iniciativa histórica impulsada por miles de mujeres libres, fundamentalmente la marea verde, las colectivas y las activistas, con la que definitivamente decidir ya no es un delito.
Las mujeres vivimos una etapa de la vida pública en la que nunca más seremos percibidas como “tema de moda” porque ya estamos en la constitución, estamos en la normatividad y estamos en la vida pública para quedarnos y tomar decisiones de esta importancia.
Entre 2007 y 2019 murieron al menos 80 mujeres mexiquenses por alguna afección relacionada con el aborto; 89% en el Estado de México y 11% en la Ciudad de México (INEGI,2020). Por ellas y por todas estamos siempre dispuestas a luchar, seguir avanzando y seguir conquistando nuestra libertad y nuestros derechos. Fuimos todas.
Ya lo sabe… Si no hay remedio, hablemos de ello.
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