El Ejército mexicano destruyó documentos vinculados al caso Tlatlaya durante su traslado del Edomex a Jalisco, de acuerdo con El País. La información destruída acumulaba 10 años de actividades de las Fuerzas Armadas.
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«Entre los documentos destruidos figura también un oficio que resulta importante para entender precisamente el papel de los mandos. Se trata de la plantilla original sobre la que se basó el comandante suplente del 102 batallón para firmar la orden de operaciones vigente el día de la matanza», señala el medio.
La destrucción ocurrió en 2017, cuando la Fiscalía del Edomex investigaba el asesinato de civiles a manos del Ejército.
El 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, específicamente en la comunidad de San Pedro Limón, 22 civiles murieron. Las causas y explicaciones del hecho, ocho años después, siguen sin ser completamente aclaradas.
Ivette Galvan y César Contreras –abogados de una de las víctimas– señalaron a El País que «la destrucción de la documentación es de suma gravedad, no solo para el esclarecimiento de los hechos, sino para el derecho a la verdad y justicia de las víctimas indirectas».
Para los abogados, esta situación es un reflejo del encubrimiento de las Fuerzas Armadas y de la nula transparencia, pues dificulta el acceso a la justicia.
Ante el cuestionamiento de Galvan y Contreras sobre la destrucción de los documentos, las autoridades señalaron que la información carecía de valor, motivo por el que fueron eliminados.
La matanza
La gravedad del asunto trascendió porque —como menciona el comunicado publicado hace dos años por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez— las ejecuciones a manos de militares sin sanción pueden repercutir en nuevas y graves violaciones a los derechos humanos.
El 25 de septiembre de ese año, la Sedena informó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición de un juzgado militar por “su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”, pero en 2016 fueron liberados por falta de elementos.
En Tlatlaya, aunque los siete elementos –por orden de un Tribunal Federal del Estado de México– fueron detenidos, hasta el momento no ha habido alguna resolución respecto al tema.