Pagos no acreditados a supuestos trabajadores, compra de medicamento sin comprobar y múltiples transferencias bancarias no autorizadas por millones de pesos, encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión del manejo de recursos federales etiquetados y bajo responsabilidad del Gobierno de Sinaloa, por lo cual interpuso dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En los 13 fondos federales que administró el Gobierno de Mario López Valdez en 2012, la Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades en el manejo de los recursos económicos, incluso alrededor del 50 por ciento tuvo un manejo negativo.
De la revisión de la Cuenta Pública de dichos fondos federales, el órgano fiscal dictaminó seis como negativos, mientras que los siete restantes lograron la salvedad, una calificación abajo de la positiva, que es la más alta.
También reportó que el Gobierno estatal incurrió en 189 actos irregulares, por lo que servidores públicos deberán aclarar el ejercicio de 351 millones 928 mil pesos, además recuperar 2 mil 338 millones 172 mil 600 pesos que fueron mal manejados, precisó la ex Secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Alma Alcaraz Hernández, quien elaboró un análisis del reporte de la ASF.
“[Por ejemplo, a nivel federal hay] auditorías a Obras Públicas, auditorías administrativas, y entre todo el conjunto de dictámenes normalmente traen [una calificación en] positivo; en otros, en negativo; otros, en salvedad. A mí me resulta extraño que [en Sinaloa] ningún dictamen haya resultado positivo, digamos que es de naturaleza extraña”, opinó la ex funcionaria al diario Noroeste.
Las dos denuncias interpuestas ante la PGR derivan de un presunto daño al erario federal por el Gobierno de Sinaloa:
Uno al detectar una transferencia de la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2012 a cuentas estatales.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 509 millones 913 mil 74 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por haber transferido recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2012 a cuentas pagadoras estatales de 2011; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación de los objetivos del fondo del acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”, detalla la ASF.
La otra, por presuntamente pasar recursos de la cuenta Cuota Social dependiente del Seguro Popular, para dar pagos no autorizados a trabajadores.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 145 mil 250 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del programa, por destinar recursos de la Cuota Social 2012 para el pago de tres servidores públicos comisionados a la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, por lo que no prestaron servicios de atención directa a los beneficiarios del programa”, señala.
(Con información de SINEMBARGO.MX)