Quienes deberían estar algo más que preocupados por la detención e investigaciones de al menos 5 directores de seguridad pública de diferentes municipios coludidos con la mafia, son las y los alcaldes que los nombraron. Sin violar la presunción de inocencia, parecería absurdo que no supieran o tuvieran información de en qué asuntos estaban metidos sus subordinados.
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Serán llamados a declarar, no hay la menor duda. Las primeras preguntas que deberán responder son: ¿Por qué razones o motivos los colocaron como jefes de la seguridad pública en sus municipios? ¿Quién se los recomendó? ¿Quiénes fueron los principales financiadores de sus respectivas campañas políticas? ¿En algún momento fueron contactados por el crimen organizado para extorsionarlos o coaccionarlos en sus decisiones de gobierno?
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La alcaldesa priista de Acambay, Marisol Alcántara Núñez, hermana nada menos que de Jesús Núñez Alcántara, uno de los operadores de las cloacas del peñato, conocido como “el hombre del portafolios”, tendría que responder esas y otras preguntas, porque las operaciones del narco en esa rural municipalidad del norte del estado se hicieron ostensibles coincidentemente con su llegada a la presidencia municipal. Lo mismo para los otros alcaldes, también del PRI, Jorge Osornio, de Aculco; Marisol Arias, de Atlacomulco; y Marco Antonio Díaz Juárez, de Coatepec Harinas. Más penoso todavía el caso del alcalde de Tlatlaya, el experredista y neomorenista, Crisóforo Hernández. Todos, bajo sospecha.
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Pero ese puñado de políticos y jefe policiacos con posibles nexos con el narco no son los únicos, hay muchos, muchos más y de municipios grandes. Hace poco fue detenido en Polanco por la policía capitalina Néstor Arturo López Arellano, “El 20”, jefe de la organización criminal “Nuevo Imperio” que traficaba droga en Huixquilucan, Naucalpan y Cuautitlán, todos municipios hasta ahora bajo control del PAN. La declaración del capo circula libremente desde hace días en redes sociales y allí habla de sus nexos con jefes y policías de esas demarcaciones a quienes entregaba sobornos semanales hasta de 250 mil pesos.
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El crimen organizado está infiltrado hasta el tuétano en prácticamente la mayoría de los ayuntamientos, quizá en 100 o más de los 125. No hay policía municipal que se resista a la gangsteril ley de “plata o plomo”. La inmundicia en las comisarías municipales es francamente terrible. El asunto trasciende la seguridad pública, es ya de seguridad nacional.
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