Unos 200 días lleva la doctora Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo Federal. Durante ese lapso, “se ha detenido a 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto”, según informó la semana pasada la Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch. Estamos hablando de un promedio que alcanza 93 arrestados cada día. A ese ritmo, cuando termine el primer año de gobierno habría casi 34 mil nuevos detenidos. Presumiblemente, cada detención no solo prevendría la comisión de nuevos delitos, sino que pretendería sancionar los ya cometidos. Lo que me inquieta es la capacidad, voluntad y eficiencia para que ello ocurra.
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Me refiero específicamente a que en los últimos 5 a 6 meses debieron abrirse 18 mil carpetas de investigación, que tuvieron que cubrirse los requerimientos de ley para poner a los detenidos a disposición de un juez competente, que tendrán que acreditarse los delitos, presentarse las pruebas y asegurarse de que no salgan a la calle si son responsables de aquello que se les acusa. Este número de nuevas carpetas de investigación tendrían que convertirse en causas penales, mismas que, por supuesto, vienen a sumarse a las que existentes y en curso. Ahora, suponiendo que en todos los casos se macha por la ruta adecuada y se les ingresa a un reclusorio ¿Hay espacio?
Tamaño del sistema penitenciario mexicano
El sistema penitenciario mexicano tiene una capacidad instalada de 229 mil 032 espacios, distribuidos en 331 centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, ya desde 2023, había en esos sitios 233 mil 277 personas privadas de la libertad, lo que indica sobrepoblación. Entonces, ¿a dónde se internaría a las decenas de miles de detenidos que se van sumando conforme pasan los meses?
En ese mismo sentido, hay diversos estudios que señalan al rezago judicial como un “problema histórico”. Sabemos todos que las causas penales en México se acumulan y los procesos se prolongan por meses, años y hasta lustros. No son pocas las personas privadas de su libertad que se mantienen tras las rejas sin sentencia por años y años. Tampoco son pocos los casos en los que los juicios no se desarrollan atendiendo al delito sino a los actos de autoridad y, mediante amparos, la cosa a dilucidar es si lo procedimental se cumplió, más que determinar si el detenido es culpable de uno o varios delitos.
Escenarios hipotéticos en un sistema con miles de detenidos
Y es que, a diferencia de otros sistemas penales en el mundo, en el caso mexicano los tribunales de la federación, en su función de órganos de control constitucional, pueden revisar cualquier acto de autoridad a través de juicios de garantías. Entonces, se puede imaginar un caso así: se detiene a un líder de un grupo delictivo, lo hace la Guardia Nacional; se le debe presentar ante la Fiscalía, para que esta, tras reunir los elementos necesarios, lo ponga a disposición de un juez. Pero, si ya desde el momento mismo de su detención, sus abogados presentan una solicitud de Amparo, señalando que se le detuvo o se le consignó sin cumplir los procedimientos correspondientes. Entonces, el primer juez que conozca del caso va a juzgar si los policías o el fiscal hicieron bien su trabajo, en lugar de conocer de las acusaciones penales que se hacen al detenido.
En los últimos meses, hemos conocido de casos así: presuntos “jefes de plaza”, detenidos incluso por miembros del Ejército o la Marina, que en cosa de unos días salen libres, no porque se les haya encontrado “no culpables” de los delitos por los que se les detuvo, sino por una “mala integración del proceso” o alguna minucia procedimental en los distintos actos de autoridad relacionados con su detención.
Rezago en las fiscalías
Y si le echamos un ojito al rezago en las fiscalías estales y la federal, las cosas también son dignas de poner atención. Recordemos que tan solo el año pasado, se reveló, por parte del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (la que es responsable de las delegaciones en las entidades federativas), que la FGR presentaba, cuando arribó al cargo, su actual titular, un rezago de 300 mil indagatorias. Se supone que luego de acabar con estas carpetas que no tenían conclusión procedimental, ya no se permite tanta dilación, pero eso solo es algo que se supone.
Desde luego que es necesario continuar con la labor de inteligencia, de vigilancia y de arresto de los generadores de violencia y de los perpetradores de delitos tan graves como el homicidio, la desaparición, la extorsión, el secuestro o el tráfico ilegal de personas, drogas, etc.
Es algo que no está a discusión, pero lo que sí llama a revisión y toma de decisiones es qué se hará con todos esos detenidos. ¿Hay capacidad en los fiscales para procesar ese volumen de trabajo? ¿Y en el poder judicial? ¿Hay lugar en los centros penitenciarios para ellos?
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