Detrás de la alerta de género
El pasado 9 de julio de este año sucedió un hecho inédito, el Gobernador Eruviel Ávila dio instrucciones para que se solicitará formalmente la alerta de género en 11 de los municipios más poblados del Estado de México. Digo hecho inédito porque afortunadamente reconoce, en primer lugar, que existe un problema y en segundo, porque estableció que hay que solucionarlo; lo que nos ayuda a construir positivamente en esta problemática.
El Estado de México es, sin duda alguna, la entidad más peligrosa para las mujeres, como hemos venido denunciando durante muchos años, tanto miembros de la sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos, políticos, etc.; sin embargo, ante tal panorama siempre se ignoró este llamado a combatir el fenómeno de violencia creciente que estaba ocurriendo.
La aceptación de esta problemática llega efectivamente tarde, pues se pudo evitar no solo que más mujeres siguieran muriendo, sino que además en este momento tuviéramos mejores acciones que atendieran el problema preventivamente; pero aunque nunca es tarde para reconocerlo, lo cierto es que la alerta de género se iba a decretar tarde que temprano, pues las denuncias de lo que ocurre en el estado ya habían llegado a instancias internacionales.
Ahora bien, una vez decretada la alerta de género, como lo marca el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), comenzará a realizarse una investigación formal únicamente en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
La investigación enfrenta la siguiente problemática: que la información respecto al tema de la violencia de género es completamente secreta y variable, puesto que no hay estadísticas oficiales públicas y las que se llegan a mencionar son completamente diferentes de las establecidas por las organizaciones de la sociedad civil; la clasificación del feminicidio en las normas del Estado es completamente ambigua y por ende se ha demostrado que es casi incomprobable, lo que ha contribuido a la impunidad; los protocolos de actuación no pueden ser utilizados en el momento oportuno por las autoridades, pues mientras que un asunto no sea declarado como feminicidio, éstos no operan; la violencia del Estado sí es generalizada, por ello es completamente erróneo solicitarla y decretarla en los municipios de mayor población donde las cifras son evidentes, pero descuida los municipios pequeños donde la problemática está más arraigada.
Es necesario que estemos atentos a los resultados de la investigación, pues de ello dependen diversas acciones, entre ellas: recursos públicos para el establecimiento de medidas y acciones tendientes, principalmente, a prevenir y erradicar el problema, la necesidad de reformar las leyes para tener mayor claridad en la definición del feminicidio, la oportuna coordinación de autoridades y organizaciones civiles y su involucramiento en el tema, pero sobre todo la oportunidad de evitar que más mujeres sigan perdiendo la vida.
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