El Estado de México cerró 2024 con una deuda pública bruta de 61,742 millones de pesos. Aunque el gobierno de Delfina Gómez no contrató nuevos créditos, el saldo sigue siendo uno de los más altos de la historia reciente. Lo más relevante es a quién se le debe: instituciones financieras poderosas que, año con año, cobran millones en intereses.
De acuerdo con cifras oficiales de la Cuenta Pública, tres actores concentran el grueso de la deuda:
- Banobras – 30.7% del total
Banco público, pero opera con lógica privada. Es el principal acreedor del Edomex.
- BBVA México – 26% del total
Filial del banco español BBVA, uno de los mayores grupos bancarios de Europa.
- Banorte – 20.9% del total
Banco privado mexicano controlado por Carlos Hank González, con fuerte influencia política y financiera.
- Santander y Banamex – Participaciones menores
Aunque con menor peso, también reciben pagos anuales millonarios por los servicios financieros.
En conjunto, Banobras, Banorte y BBVA concentran más del 75% de la deuda pública del Estado de México.
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El impacto no es menor. En 2024, el Edomex destinó 7,199 millones de pesos solo al pago de intereses. Esto representa el 2.2% de sus ingresos ordinarios, más del doble de lo que pagaba en 2019.
Además, se avecinan años difíciles: entre 2032 y 2038 el estado deberá desembolsar más de 13 mil millones en vencimientos, producto de créditos adquiridos en administraciones pasadas, sobre todo durante los sexenios de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo
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Entre los créditos más importantes contratados por el Gobierno del Estado de México con Banobras destacan dos: uno firmado en 2012 por más de 3 mil millones de pesos, bajo el esquema PROFISE, destinado a proyectos de infraestructura, del cual se ejercieron 2,870 millones; y otro en 2018, por 1,300 millones, para la reconstrucción en 12 municipios afectados por desastres naturales, del que se utilizaron 763 millones.
Ambos están estructurados bajo un mecanismo financiero llamado Bono Cupón Cero: esto significa que el gobierno no realiza pagos periódicos al capital, sino que compra desde el inicio un pagaré (emitido por Banobras) con vencimiento de hasta 20 años —en este caso, en 2032— que servirá como garantía para cubrir el monto total de la deuda cuando llegue esa fecha. Es decir, en lugar de pagar el crédito en partes, el Estado lo liquida en una sola exhibición al final del plazo, con ese bono como respaldo. Mientras tanto, lo que sí paga año con año son los intereses ordinarios generados por el monto dispuesto del crédito. Esta estrategia alivia la carga financiera inmediata, pero mantiene elevado el saldo y compromete recursos públicos a largo plazo.
Aunque el gobierno de Delfina Gómez ha evitado contratar deuda nueva, el peso de los compromisos heredados condiciona su gestión. La deuda no se ha frenado; solo se ha pospuesto. Y quienes cobran siguen siendo los mismos: los bancos más grandes del país y del extranjero.
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