La Ley General de Educación Superior fue aprobada por la Cámara de Diputados con el objetivo de garantizar la gratuidad en ese nivel a partir de 2022 de manera gradual y “blindar” la autonomía universitaria ante cualquier intento de vulnerarla, sobre todo por gobiernos de los estados.
De acuerdo con el diario La Jornada durante la discusión del dictamen –rechazado por el PT y 11 diputados de Morena, entre otros Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, quien en lo particular votó en abstención–, los diputados reconocieron el avance para asegurar la gratuidad en ese nivel educativo, pero admitieron que una de las dificultades será dotarla de recursos suficientes, pues si bien se prevé un fondo anual, no se precisa su monto.
Con esta ley a las escuelas privadas se aplicará un control más estricto en los registros de validez oficial.
La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal de Morena dijo que con ellos se busca “desaparecer las escuelas patito”.
La ley fue aprobada sin cambios y devuelta a la Cámara de Senadores y se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Ley General de Educación Superior fue aprobada con el voto de Morena, sus aliados PES y PVEM, así como de la oposición, pero rechazado por el PT, que la consideró insuficiente y cuestionó un presunto alcance privatizador de la enseñanza universitaria.
También dividió a la bancada de Morena. Uno de los diputados de esa bancada que votaron en contra, Rubén Cayetano, afirmó que la ley es resultado de una negociación entre legisladores y funcionarios del pasado que aún permanecen en la Secretaría de Educación Pública “con los que la derecha hace sus enjuagues”.
Dicha ley agrega que el servicio social sea reconocido como experiencia profesional y podrá acreditarse mediante tutorías y acompañamiento.
Al congratularse por la aprobación, la SEP afirmó que este nuevo marco legal “garantiza el respeto a la autonomía universitaria y se da cumplimiento a los principios de gratuidad, obligatoriedad, equidad y excelencia”.
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