Toluca, Estado de México, 10 de abril de 2019.- Ambas buscan mejorar las condiciones en las que la Universidad Autónoma del Estado de México lleva a cabo su labor como formadora de nuevas generaciones de mexiquenses. Sin embargo, las propuesta de reforma a la Ley de la UAEMéx que elaboraron por un lado, el grupo parlamentario de Morena y, por el otro, la propia universidad, presentan algunas diferencias sustanciales.
Con 38 artículos distribuidos en cinco títulos, más ocho de carácter transitorio, el proyecto de reforma a la ley universitaria que aprobó el 28 de junio d 2018 el pleno del Consejo Universitario, no parece variar mucho de la ley original que data del 3 de marzo de 1992.
Puesta a consideración de la comunidad universitaria entre el 4 y el 20 de abril del año pasado, el documento que este miércoles entregó el rector Alfredo Barrera Baca al Poder Legislativo, plantea algunas innovaciones. Una de ellas tiene que ver con los procesos de renovación en el gobierno de esta casa de estudios.
Uno de los puntos referentes a la elección de rector señala que para ocupar el cargo, el interesado tiene que haberse distinguido “en su actividad profesional académica, administrativa o de investigación, demostrar su interés por los asuntos universitarios y gozar de estimación general como persona honorable y prudente, así comor presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos.
En ese mismo tema, la iniciativa de reforma a la ley universitaria del grupo parlamentario de Morena, coincide en la presentación del 3de3 al inicio y al final del periodo” del rector, aunque agrega que debe contar “con experiencia comprobada como docente, directivo e investigador mínimo de 10 años” y no cinco como señala la otra propuesta.
Además, el documento que molestó al rector y a una parte de la comunidad universitaria por considerar que atenta contra la autonomía de la institución, propone la creación del Consejo Electoral Universitario, que sería el encargado de organizar los procesos electorales internos de la UAEMéx.
“El consejo electoral universitario es el que organiza el proceso de auscultación para elegir al rector. Dicha auscultación se llevará a cabo mediante sufragio universal, personal, directo y secreto”, señala el artículo 30 del texto, que además incorpora los términos de “Rectora” y de “Directora”, como parte de la equidad de género.
Dicho Consejo estaría integrado por siete consejeros “que serán cuatro profesores y tres estudiantes, de los cuales se elegirá un presidente. Los consejeros profesores serán electos para un periodo de cinco años y los consejeros alumnos serán electos por tres años”, señala el texto. Además se indica que por única ocasión, una vez que tentativamente se apruebe esta propuesta, la Legislatura sería la encargada de nombrar a los integrantes del Consejo Electoral Universitario.
Uno de los artículos de la propuesta oficial que causó polémica entre la comunidad universitaria –y otros sectores- fue el 32. En él se establece que “la persona titular de la Rectoría podrá ser ratificada en su cargo por el Consejo Universitario para el periodo inmediato siguiente y por una sola ocasión, siempre y cuando cuente con el apoyo mayoritario de cada uno de los tres sectores de la comunidad universitaria, mediante los mecanismos y procedimientos que señale la legislación universitaria”.
Lo anterior ha sido visto por los detractores de la ley como el interés del actual rector de poder reelegirse en el cargo por otros dos años, lo que en diversas ocasiones fue desmentido por el propio Barrera Baca.
El tema ni siquiera es considerado en la propuesta morenista que, en cambio, sí se refiere a la posibilidad de que el titular de un organismo académico, de centro universitario, unidad académica profesional o de plantel de la Escuela Preparatoria pueda participar en otro proceso de elección, siempre y cuando no sea en el mismo lugar donde se desempeñó anteriormente.
Ante los escándalos de corrupción en los que ha estado involucrada la Universidad Autónoma del Estado de México en los últimos años, especialmente en la llamada Estafa Maestra, la propuesta de reforma que aprobó el Consejo Universitario considera en el artículo 38 bis, que esta casa de estudios se someterá a las auditorías que determinen los gobiernos federal y estatal.
“La Universidad contará con un órgano de control interno y de fiscalización que se denominará Contraloría Universitaria (…) tendrá como objeto el control, fiscalización, vigilancia, supervisión, inspección, auditoría, seguimiento y evaluación de la gestión presupuestal, patrimonial, administrativa y escolar de la institución y sus integrantes…”
En este rubro, el artículo 40 de la propuesta morenista –que a su vez se basa en el trabajo realizado por tres investigadores universitarios opositores al actual rector- precisa que es al Consejo Universitario al que le corresponde normar, dictaminar y opinar en torno al presupuesto y al control del gasto universitario.
Agrega que el rector o rectora tendrá que informar a este consejo sobre el manejo, aplicación y evaluación del gasto universitario autorizado, entre otros aspectos. “Presentará ante dicho órgano la información financiera que determine la reglamentación aplicable, así como, los resultados de una auditoría externa anual”.
En el siguiente artículo se precisa que a la Legislatura del Estado de México le corresponde nombrar y remover al Contralor Universitario y Auditor Externo conforme lo establece la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus Municipios.
En el documento que fue remitido en su momento a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, también se incluye l Defensoría de los Derechos Universitarios, a través del agregado título sexto que se refiere a la cultura de la paz y los derechos universitarios, entre otras innovaciones.
Ambas propuestas ya están en la LX Legislatura mexiquense. Será ahora trabajo de los diputados locales determinar qué pasará con ellas previo análisis de las mismas.