Toluca. México; 8 de marzo de 2019. En el artículo 251 del código penal del Estado de México se establece que para tener un aborto legal se requiere cubrir las primeras cuatro de las ocho condicionales que en el país se establecen para considerar el aborto como legal, esto es:
I. Cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada.
II. Cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación.
III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y
IV. Cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre.
El artículo 248 del Código Penal estatal señala que, fuera de esos casos, al que provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa, si se obra sin consentimiento de la mujer embarazada; de uno a cinco años de prisión y de treinta a doscientos días multa, si se obra con el consentimiento de la mujer; y de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa si se emplea violencia física o moral.
Diversas organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han expresado que las leyes en el Estado de México son restrictivas. La Ciudad de México contempla la causal de abortar por decisión propia antes de las 12 semanas de gestación desde el año 2007.
En el Estado de México existe un iniciativa para legalizar el aborto por decisión propia, sin embargo, se encuentra congelada desde el año 2015, de ser aprobada, se podría evitar que se opte por someterse a abortos de forma clandestina e insegura, señalan diversas organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de la mujer.
Estos colectivos brindan servicios que orientan a las mujeres en la interrupción del embarazo de manera segura y sin que se le juzgue legalmente. Una de la las acciones que han tomado, es acompañar a mujeres que viven en el interior de la república a las clínicas del sector salud en la Ciudad de México. El estado de México es la segunda entidad en donde las mujeres toman esta opción.
Estadísticas del Secretaría de Salud de la Ciudad de México revelan que de abril del 2007 a diciembre de 2018 la cifra de mujeres mexiquenses que han acudido a interrumpir legalmente su embarazo asciende a 53 mil 922, 46 por ciento son mujeres de entre 18 y 24 años.
En México el aborto es una práctica legal si, además de las cuatro condicionales mencionadas en el caso del Estado de México, se cumple alguna de las siguientes: el embarazo represente un grave daño a la salud de la mujer; el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida; causas económicas graves y decisión propia antes de las 12 semanas de gestación.
La aplicación de cada una, está condicionada por establecido en el código penal de cada entidad. Los estados que contemplan el mayor número de condicionales son la Ciudad de México y Michoacán, con siete (no son las mismas en cada entidad) y los estados que menos aplican son Querétaro y Guanajuato con únicamente dos.
En México se tiene estimado que más de 2 mil 300 mujeres han muerto
por someterse a un aborto ilegal, de los cuales,
la entidad mexiquense concentra aproximadamente el 38 por ciento de los casos.
Recientemente, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero se pronunció respecto al tema, señaló que penalizar el aborto es criminalizar a una mujer ya que se trata de una política altamente discriminatoria y de violencia de género. Se pronunció a favor de la posibilidad de crear de un código penal único que permita homogeneizar esta práctica legal en todo el país.