La política, cuando se le quita el maquillaje discursivo, es una operación elemental: contar. Contar votos, contar distritos, contar mayorías. Todo lo demás —narrativa, épica, incluso ideología— es, en el mejor de los casos, acompañamiento.
En el Estado de México esa verdad adquiere proporciones mayores. No por romanticismo federalista, sino por peso específico: aquí se juega una parte sustantiva de la integración de la Cámara de Diputados. Cuarenta distritos federales que, bien leídos, no son geografía electoral sino piezas de un mecanismo mayor.
En la elección pasada, la coalición gobernante ganó 39 de esos 40 distritos. Solo uno quedó fuera: el distrito 22 de Naucalpan, donde el PAN sostuvo su reducto. Ese dato, que podría leerse como anécdota, en realidad es advertencia. Porque incluso en condiciones favorables, el poder nunca es absoluto: siempre hay grietas, siempre hay resistencia.
Conviene no olvidar otro dato menos vistoso, pero más determinante: ocho de cada diez pesos que gasta el Estado de México provienen de la federación. No es consigna, es estructura. La relación entre el poder estatal y el federal no es una afinidad ideológica, sino una condición material de funcionamiento.
Ahí empieza, en realidad, el problema hacia dentro.
La 4T en el Estado de México enfrenta el dilema clásico de toda fuerza que deja de ser oposición para convertirse en gobierno: administrar el poder sin fragmentarse. Las tensiones internas no son anomalía, son síntoma. Grupos, aspiraciones, proyectos personales que comienzan a perfilarse con la mirada puesta en 2027. Nada extraordinario. Todo previsible.
Pero lo previsible también puede ser letal.
Porque la historia política del país está llena de mayorías que se erosionaron no por la fuerza del adversario, sino por la incapacidad de procesarse a sí mismas. La división no se anuncia, se filtra. Y cuando se hace visible, suele ser tarde.
Hacia fuera, la oposición no ofrece un bloque compacto, pero sí conserva enclaves. Municipios donde el poder se reproduce con lógica propia, ajena —o resistente— a la ola mayoritaria. Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán, Metepec: territorios donde la alternancia es más retórica que real y donde subsisten estructuras políticas, económicas y sociales que han demostrado capacidad de adaptación.
No necesitan ganar el estado. Les basta con contener puntos estratégicos. Con eso alteran la ecuación.
Y aquí es donde la discusión deja de ser partidista y se vuelve, otra vez, estructural.
La prioridad electoral no es un eslogan: es una definición de poder. Ganar los 40 distritos federales no es exceso de ambición, es consistencia lógica. Si el Estado de México es pieza central en la integración del Congreso, renunciar a uno solo de esos espacios implica ceder capacidad de decisión.
No se trata de hegemonía moral.
Se trata de margen de maniobra.
Sin mayoría legislativa, el gobierno federal negocia cada paso. Con mayoría, gobierna. La diferencia no es menor: es la distancia entre administrar conflictos o definir el rumbo.
Por eso el debate no debería agotarse en la confrontación superficial entre partidos. PAN y PRI arrastran historias conocidas —corrupción, abusos, reproducción de élites—, pero repetirlas como consigna aporta poco. La memoria política no se activa por insistencia, sino por contraste.
Y el contraste, si ha de ser útil, exige una condición incómoda: reconocer también las insuficiencias propias. Porque ninguna mayoría se sostiene solo por la debilidad del adversario. Necesita resultados, cohesión y, sobre todo, una percepción social de dirección clara.
Al final, la política no se decide en los discursos más encendidos, sino en las certezas más silenciosas.
La más importante de todas es esta:
quién puede gobernar… y quién apenas puede estorbar.
En el Estado de México, esa respuesta —como casi todo lo relevante— se va a definir contando.
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