El Gobierno del Estado de México intervino oficialmente en la crisis política de El Oro. Este martes, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, informó que sostuvo una reunión con la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza para revisar la situación del municipio y abrir diálogo con actores políticos y con la ciudadanía. La intervención ocurre después de que el síndico y cinco regidores denunciaron en entrevista con AD Noticias presuntos malos manejos de recursos municipales y advirtieron que la situación había rebasado las capacidades institucionales del Ayuntamiento.
Cinco regidores y el síndico municipal solicitaron la intervención directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, ante una crisis que, aseguran, ha rebasado las capacidades institucionales del Ayuntamiento. La falta de agua potable, el apagón prolongado del alumbrado público y el freno en la recolección de basura, sumados a decisiones unilaterales de la presidenta municipal de El Oro, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, han colocado al municipio en “una situación de ingobernabilidad”.
En entrevista con AD Noticias, los ediles sostienen que la omisión en los servicios básicos vulnera derechos garantizados por el Artículo 115 constitucional.
Este obliga a los municipios a garantizar agua, alumbrado y limpia. Pero lo que más les preocupa es el manejo de la Hacienda municipal y el destino de los recursos públicos.
Servicios colapsados y una administración fragmentada
El suministro de agua comenzó a fallar desde noviembre de 2025, cuando trabajadores del organismo de agua potable iniciaron una huelga por falta de pago. Desde entonces, el servicio opera de manera irregular.
El problema se agravó en diciembre, cuando el municipio permaneció varias semanas sin alumbrado público, afectando al comercio y al turismo en plena temporada alta. El Oro, catalogado como Pueblo Mágico y paso de la mariposa monarca, vio reducida su actividad económica.
A estos hechos se sumaron tensiones internas: intentos de destitución del tesorero, oficial mayor y otros directores sin aprobación del Cabildo; nombramientos de encargados de despacho sin sustento legal. Así como sesiones de Cabildo realizadas sin el sello del secretario, lo que compromete su validez jurídica.
“Le quitaron el token al tesorero, cuando por ley es él quien administra los recursos. Se están usurpando funciones”, acusaron el síndico Ubaldo Velázquez y los regidores Agustín Bastida, Melissa González, Fernanda Gutiérrez, Erika Rodríguez y Dolores González.
Los ediles señalaron también que presentaron una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales. Específicamente, por el no ingreso a la Tesorería de montos que deberían haberse registrado conforme a la Ley de Ingresos.
Oficinas cerradas y presencia de fuerza pública
El conflicto alcanzó su punto más crítico entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, cuando regidores y funcionarios aseguran que se les impidió el acceso a las oficinas del Ayuntamiento. En algunos casos, señalaron, hubo presencia de fuerza pública.
“Nos mandó cerrar las oficinas. No podíamos entrar ni siquiera por nuestro sello. Hay un autoritarismo total”, relataron.
Pese a ello, insistieron en que no buscan confrontación política con la presidenta, sino el restablecimiento de los procesos legales, la transparencia en las cuentas públicas y la normalización de los servicios básicos.
Intervención del gobierno estatal
El Cabildo afirma que ya hubo un primer acompañamiento del Gobierno del Estado de México tras la presentación de una propuesta de destitución ante el Congreso local. No obstante, señalan que el avance se estancó cuando la presidenta municipal desconoció los acuerdos alcanzados.
De acuerdo con el síndico Velázquez, la alcaldesa habría manifestado que “no recibe órdenes de ningún secretario ni de la gobernadora”.
Los regidores aseguran haber recibido llamadas con amenazas y piden protección ante el clima de tensión que, dicen, ya traspasó lo administrativo..
Movilizaciones ciudadanas
Las manifestaciones registradas el pasado fin de semana frente al Palacio de Gobierno municipal, señalan los ediles, no fueron organizadas por grupos políticos.
“Es la ciudadanía cansada de la ingobernabilidad y de la falta de servicios”, dijo Velázquez.
Pese al escenario adverso, mantienen la expectativa de ser escuchados por el Ejecutivo estatal. “Confío en que habrá una respuesta positiva para El Oro”, afirmó el síndico.
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