De acuerdo el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), en 2021, reportó que el 57.3% de la población mexiquense de 18 años y más años, percibió a la corrupción como el segundo problema más importante que aqueja al Estado, por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
Ese año, seis de cada diez mexiquenses (60.5%) de 18 años y más, declaró que tuvo contacto con algún acto de corrupción en trámites, pagos y solicitudes de servicios. Mientras que el 84% de quienes estuvieron en contacto con autoridades de seguridad pública, tuvo experiencia con algún acto de corrupción.
Con ello, el Edomex ocupa actualmente la posición número uno del país; casi veinte puntos más que la media nacional (65%) y más de siete respecto a Veracruz, que ocupó el segundo lugar (77.4%).
No obstante, con 32 mil 906 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes, es la cuarta entidad con la mayor tasa de incidencia (32.9%) de este tipo de actos.
Evolución de la corrupción en el Edomex
Según gráficas del Plan de Desarrollo estatal 2023-2029 emitidas por la Secretaría de la Contraloría estatal, en los últimos 10 años, el 2015 fue cuando más casos de corrupción se presentaron en el Edomex, con una cifra de 62 mil 160 por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo, la incidencia bajó en 2017 a 21 mil 124 casos por cada 100 mil habitantes, pero volvió a crecer para 2021, registrando 32 mil 906 casos por cada 100 mil habitantes.
Durante la administración pasada se denunciaron 112 mil 505 actos de corrupción, pero solo el 11% tuvo sanción. De las denuncias recibidas en promedio, 50 casos al año fueron de nepotismo.
Cabe mencionar que, el costo económico promedio anual de la corrupción a nivel nacional es de $3 mil 044 pesos por persona, lo que impacta negativamente al presupuesto.
Sin embargo, el costo social también es caro, el gobierno estatal refiere que «la corrupción ha dañado la capacidad de las instituciones públicas para servir al pueblo».
Controles deficientes
El Plan de Desarrollo subraya que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, no han rendido los frutos deseados para atacar este cáncer que consume al Edomex.
Las estadísticas indican que de 2022 a 2023 en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) se integró 4 mil 987 carpetas por hechos de corrupción, la mayoría por abuso de autoridad, de las cuales 100 fueron judicializadas y 35 derivaron en una sentencia condenatoria.
Asimismo, en el sexenio de Alfredo del Mazo, las acciones de control y evaluación realizadas por la contraloría estatal, como auditorías, evaluaciones, inspecciones y testificaciones, se redujeron de 24 mil 574 a 14 mil 873.
Según las gráficas que se muestran, las evaluaciones, fueron mínimas durante el periodo de 2017-2023. Comenzaron con 110 el primer año de gobierno y para el sexto solo se efectuaron 8. Lo mismo paso con las auditorías: en el primer año del sexenio se realizaron mil 680 y en el último año de gobierno, mil 275.
Propuestas de solución
Ante esta situación, el gobierno mexiquense resalta que «erradicar la corrupción será uno de los objetivos centrales del sexenio de Delfina Gómez, de tal forma que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente».
Prácticas nocivas que se acostumbraban en el Edomex
- El desvío de recursos públicos.
- La concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones.
- La extorsión, el tráfico de influencias, el amiguismo, el nepotismo, el soborno de servidores públicos, el compadrazgo y el enriquecimiento ilícito.
- La exención de obligaciones, la condonación de impuestos.
- El aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.
Plan de Desarrollo
- Fortalecer la fiscalización, las acciones de control y evaluación, tanto a nivel local con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, como con los entes fiscalizadores externos, entre ellos, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Con el objetivo de prevenir la incidencia y recurrencias en actos que vulneren el uso adecuado de los recursos públicos.
- Examinar detenidamente los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como las sanciones que se impongan a aquellos que abusan de la confianza pública. Deberán ser proporcionales y ejemplares.
- Fomentar una cultura de integridad en todos los niveles de la sociedad. El pueblo debe ser parte activa en la denuncia de actos de corrupción y en la exigencia de la moral en el servicio público, es decir, vigilando que los servidores públicos actúen atendiendo los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad.
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