A nivel nacional, el Estado de México registra el mayor número de niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. Se trata de 76 mil 771 personas menores de edad en vulnerabilidad a causa de la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar, el contexto social o la cercanía a zonas con presencia del crimen organizado.
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Según un informe realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), existen entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en todo el país que corren el mismo riesgo. Sin embargo, las cifras advierten una situación alarmante en la entidad mexiquense, seguida de Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.
El reclutamiento desde las propias familias
El informe señala que los cárteles no son los únicos grupos delictivos involucrados; también lo están las familias delictuales y las pandillas.
Un caso reciente es el de una pareja —un hombre y una mujer— del municipio de Huehuetoca, Edomex, que fue sentenciada a quince años de prisión por el delito de trata de personas, en la modalidad de utilización de menores de edad en actividades delictivas.
El pasado 1 de septiembre, la pareja fue condenada a prisión por haber utilizado a un niño de cuatro años para comercializar droga en calles de Huehuetoca.
Cuando los detuvieron, personal de la Fiscalía mexiquense observó que el hombre sacaba envoltorios de marihuana de una mochila con decoraciones infantiles que el niño cargaba en su espalda. El adulto entregó los envoltorios a otra persona, mientras que la mujer recibía dinero. En su comunicado, las autoridades no confirmaron si existía una relación familiar entre el niño y los adultos.
Falta de oportunidades
El informe también señala que los grupos delincuenciales aprovechan la falta de oportunidades para ofrecer las propias a la población más joven.
En conferencia de prensa, la directora ejecutiva de REDIM, Tania Ramírez, sostuvo que al ser parte de grupos delictivos y ejecutar actividades relacionadas para dichos fines, las niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas.
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Por ello, añadió, es indispensable partir de la premisa de que no son enteramente libres de decidir, ya que son coaccionados e impulsados de diversas maneras a pertenecer a esos grupos irregulares; para lo cual modificar las condiciones estructurales de la desigualdad es clave en la solución del problema.
En septiembre de 2020, dos adolescentes fueron condenados a casi cuatro años de internamiento por el asesinato de Francisco Tenorio, presidente municipal de Valle de Chalco. Antes de ser detenidos, los menores de edad fueron baleados en la alcaldía de Tláhuac por estar presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado.
Ante la gravedad que mantiene a flote el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delictivos, el Observatorio y REDIM recomendaron a las Fiscalías “diseñar estrategias de seguimiento e intervención con personal ministerial enfocadas a la sistematización de carpetas de investigación y casos en los que se haya identificado a niñas, niños y adolescentes involucrados en actividades delictivas”.
Asimismo, “erradicar situaciones de vulnerabilidad en las que niñas, niños y adolescentes se encuentran”, específicamente en los casos educativo, familiar, económico y de seguridad.
Entre otras cosas, “se propone la creación de una Ley General en materia de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes”, y “considerar las implicaciones que la pandemia por covid-19 tiene sobre este fenómeno, pues se ha incrementado la participación laboral de niñas, niños y adolescentes en las actividades económicas, legales e ilegales, como consecuencia de la crisis económica”.
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