La deuda pendiente de la gratuidad
La gratuidad en la universidad pública, además de ser una obligación legal, es una viabilidad financiera posible si se entiende como política de Estado y no como concesión presupuestal. El reclamo de los estudiantes es legítimo y está amparado por el mandato constitucional: nadie debería ser excluido de la educación superior por razones económicas. Sin embargo, la rectora de la transformación enfrenta un límite estructural: no puede resolverlo sola. El financiamiento de la gratuidad exige un esfuerzo intergubernamental que articule a la federación, al gobierno estatal y a los municipios, construyendo un fondo común que garantice sustentabilidad, no improvisación. El momento es ahora: la discusión de los presupuestos 2026 abre la ventana para redefinir prioridades públicas. Invertir en educación superior no es un gasto: es la condición de posibilidad de cualquier desarrollo que se pretenda incluyente. Lo contrario es condenar a la universidad a navegar entre cuotas, deudas y paros, y a una generación entera a elegir entre estudiar o sobrevivir. La gratuidad no es utopía: es voluntad política convertida en diseño fiscal.
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Cuando el Poder Judicial despertó
En el Poder Judicial mexiquense, Fernando Díaz Juárez consiguió en tiempo político mínimo lo que durante años pareció imposible: consolidar un espíritu de cuerpo entre jueces, Fiscalía y Secretaría de Seguridad. No fue un simple avance administrativo: implicó una reconfiguración de equilibrios internos que sincronizó engranajes institucionales históricamente dispersos y permitió enfrentar con eficacia inédita la delincuencia y la impunidad. La memoria reciente no registra un antecedente comparable. La gobernadora Delfina Gómez ha leído con claridad el significado de este momento: su decisión de asistir al último informe de Díaz Juárez es un gesto político mayor, un reconocimiento implícito al cierre de un ciclo y la apertura de otro. Con ello se traza un puente entre un modelo judicial agotado y una nueva gramática institucional que redefine la justicia en el Estado de México.
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Del poder al patrimonio
Una parte de la vieja élite priista mexiquense, articulada en torno al Grupo Atlacomulco, ha dado un paso de lado, al menos temporal, de la arena política para refugiarse en el terreno donde hoy juegan mejor: los negocios. Perdieron el poder directo, pero no están dispuestos a arriesgar el capital acumulado. De ahí su mansedumbre: necesitan al gobierno más de lo que éste los necesita. Lo suyo ya no es ideológico, es contable. La política dejó de ser un proyecto de poder y se volvió un instrumento de administración patrimonial. Operan desde las sombras: financian selectivamente, negocian contratos y blindan concesiones. En la práctica, el antiguo Grupo Atlacomulco ha mutado: pasó de definir el rumbo del Estado a asegurar retornos privados. No hay nostalgia, hay pragmatismo. Su brújula ya no apunta al poder, sino a la seguridad jurídica de sus fortunas.
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Prudencia y poder
La ratificación de la dirigencia estatal de Morena, confirmada por el Consejo Nacional el miércoles pasado, selló una decisión estratégica: los equilibrios internos se mantendrán, al menos, hasta después de 2027. No se trata solo de aplazar disputas, sino de una victoria de la prudencia y del liderazgo de Delfina Gómez, que consolida al delfinismo como eje de poder en el Estado de México. La definición anticipada del mando y la postergación de ajustes internos reduce tensiones, alinea fuerzas y evita una fractura temprana. Para los mexiquenses de corazón que aspiraban a capitalizar la disputa interna, el mensaje es inequívoco: es tiempo de sumarse o quedarse al margen. No hay lugar para agendas paralelas; el proyecto dominante exige adhesión. Lo que está en juego no es solo el futuro inmediato, sino la arquitectura del poder mexiquense que marcará el rumbo de la próxima década.
