POR: Moisés Saab
La abrumadora victoria en los comicios presidenciales de mayo pasado del presidente Abdel Fattah El Sisi cumplió el segundo paso de los tres fijados en el mapa de ruta de los militares para conjurar la crisis política en Egipto que a fines de año sigue vigente.
El tercero, las elecciones para llenar el vacío legislativo, que debieron celebrarse el mes pasado, fueron pospuestas hasta marzo, en una decisión urticante y criticada desde varios cuarteles.
El Sisi llegó a los comicios sobre una ola de popularidad en vastos sectores y con el apoyo tácito o explícito de autoridades religiosas musulmanas y cristianas que rechazaban el rumbo del país bajo la presidencia de Mohamed Morsi, un miembro de la dirección de la Hermandad Musulmana (HM).
La primera escala de ese programa fue la aprobación en referendo de una nueva Constitución, basada en la sometida a votación durante el mandato de Morsi e impugnada por lo que sus detractores consideraban su carácter islamizante.
Partidos laicos y salafistas al unísono dieron su beneplácito al derrocamiento de Morsi, en 2013, que constituyó una catástrofe para la HM, llegada al poder tras más de ocho décadas de labor social y política que ha conquistado a estamentos de la población egipcia.
Fue la certeza de ese respaldo la que permitió a El Sisi, tomar la impopular decisión de disminuir los subsidios a los combustibles y limitar los del pan antes de cumplir los primeros 100 días de su mandato y contra los consejos de sus asesores, según propia admisión.
Para asombro general, la población egipcia, enfrentada a una inflación superior al 11 por ciento, asimiló el golpe sin quejas mayores, ya que los resultados de una encuesta mostraron que la popularidad del mandatario aumentó en las primeras semanas de su gestión.
En paralelo, las autoridades mantuvieron la presión sobre la HM, varias de cuyas fuentes de financiamiento fueron cortadas y lograron una disminución sustancial de las protestas callejeras de los viernes hasta casi extinguirlas.
Una situación distinta existe en varias universidades públicas, en particular en la de Al Azhar, en El Cairo, y las sucursales de varias provincias, en las cuales fue precisa una autorización de las direcciones de esos planteles a la Policía para penetrar en los campus a controlar protestas violentas.
Ese panorama idílico está interrumpido por una ola de ataques contra sedes del Ejército y la Policía por grupos armados islamistas, uno de los cuales juró lealtad en octubre a Estado Islámico, la entidad que ocupa zonas en Iraq y Siria y está implantado en la vecina Libia y en Túnez.
Ansar Beit Al Maqdis (ABM), el más efectivo, y Ajnad Misr asumen la mayoría de esas acciones que desde el año pasado desbordaron los límites de la península de Sinaí, donde tienen sus bases, y se implantaron en El Cairo, la populosa capital del país, y otras ciudades importantes del interior.
Ante el reto de esas entidades, el Gobierno egipcio decretó una operación de gran magnitud en la desértica península del noreste de este país norafricano que se probaría insuficiente para el ímpetu de los grupos armados radicales, los cuales enfrentaron la presión y se mantienen alentando.
El acatamiento a EI siguió a un ataque contra un puesto del Ejército y a un punto de control de la Policía en el Sinaí, el cual costó 32 bajas a ambos cuerpos y al que el Gobierno respondió con la creación de una zona tapón de un kilómetro de largo por 14 de ancho en los límites con la franja de Gaza y el cierre del paso fronterizo de Rafah.
La decisión implicó el desplazamiento de casi mil 500 familias, unas 10 mil personas, cuyas casas fueron dinamitadas para evitar que se convirtieran en escondites de los islamistas, cuya respuesta ha sido incrementar sus acciones en las zonas urbanas.
Estas además provocaron la suspensión de las conversaciones entre delegaciones de Palestina e Israel para hacer permanente el cese del fuego contra Gaza, decidida por las autoridades egipcias, que servían de intermediarias en las negociaciones indirectas.
Ese panorama no impidió a El Sisi emplearse a fondo en la política extranjera, ámbito en el cual se anotó victorias: el mejoramiento de los lazos con Estados Unidos, un periplo por Francia e Italia, que incluyó una entrevista con el Papa Francisco, y un anunciado viaje a China en las próximas semanas en busca de inversiones.
Pero las postrimerías de 2014 reservarían un momento crítico: la absolución del expresidentes Hosni Mubarak de las acusaciones de permitir la muerte de más de 800 manifestantes durante las protestas nacionales que lo obligaron a renunciar a principios de 2011.
El veredicto de los jueces incluyó a su ministro del Interior, Habib el Adly, y cinco altos funcionarios de esa dependencia, exonerados del mismo delito en esa vista y a dos hijos de Mubarak, Gamal y Alaa, acusados de tráfico de influencias para obtener ganancias ilícitas.
Emitida el sábado 30 de noviembre, horas después del fracaso de una agrupación salafista, apoyada por la HM, en movilizar a millones de personas para una revolución islámica que restaure los valores musulmanes de Egipto, cuyo acatamiento fue menos que tibio, la sentencia tuvo efectos desastrosos en la opinión pública egipcia.
Miles de personas se reunieron de manera pacífica cerca del Museo de El Cairo para expresar su desagrado por el veredicto, pero la concentración degeneró en choques con militares desplegados en la zona, con saldo de dos muertos, nueve heridos y 85 detenidos.
La exoneración del ex presidente y sus allegados logró en apenas horas lo que no consiguió la exhortación islamista, además de que partidos laicos también la condenaron y anunciaron una campaña.
Así, Egipto llega al fin de año en un clima mezcla de tensión y esperanza, fervor y turbulencia.
* Corresponsal jefe de Prensa Latina en Egipto.