La evidencia es abrumadora: el caso de Raymundo Martínez está marcado, desde el inicio, por una trama corrupta donde dinero y poder convergen. Su liberación no pudo ser posible sin tocar ese vértice.
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La cloaca del Poder Judicial ha quedado exhibida. Una batería de jueces de consigna opera con toda impunidad: Pablo Ortiz González y Eufrosina Leticia Escalona Lara son solo la punta del iceberg.
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En el Estado de México la justicia se compra y se vende. Solo aquellos que tienen dinero o conexiones con el poder tienen el derecho a la inocencia. Es grave lo que sucede en la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial. Estamos igual o peor que hace décadas.
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Cuando se haga público el expediente completo del proceso contra Raymundo se revelarán mentiras y abusos. Por ejemplo, como que quien dio el dictamen certificó al exalcalde con problemas de ansiedad, fue su cuñado, Ignacio Peñaloza. O que el argumento de que su madre padece Alzheimer es totalmente falso.
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Si el Poder Judicial dio por bueno un dictamen de un familiar del imputado y el diagnóstico del ficticio Alzheimer de su madre, no será difícil que le reclasifiquen el delito de secuestro por el de privación ilegal de la libertad, como quiere el exalcalde. Son 20 años de diferencia en la pena.
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