El “Monstruo de Ecatepec”, el “Monstruo de Toluca”, una mujer reportada como desaparecida pero que al final se fue a un bar, una adolescente que ha escapado con sus amigos, la muerte de una prostituta… todos esos casos y algunos más funcionan como argumentos para justificar esos crímenes porque niegan o minimizan la situación a través del uso de términos como “multihomicida”, “asesino serial” o simplemente “mentira”.
A esta situación también se une la práctica de fabricación de culpables y la implementación de acciones mediáticas y de simulación por parte del Estado para desligarse de su responsabilidad frente a los crímenes: el método es engañar y silenciar “a la sociedad y a las familias que exigen justicia, más que a lograr respuestas realmente eficaces”.
Estos argumentos, planteados en el documento “Violencia contra las mujeres en el Estado de México de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.”, publicado en 2012, ofrece un panorama de los que sucede en el entorno, lo cual, unido a la impunidad –entendida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”, según la definición de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos– agrava la situación de violencia que se vive contra las mujeres.
La discriminación contra la mujer y la subordinación también son causas de la violencia, en este caso “los Estados deben hacer frente al desafío de transformar las normas sociales y culturales que regulan las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres y otros sistemas de subordinación conexo”, tal como lo menciona el “estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer” de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Es reiterado el discurso de la responsabilidad del Estado en el evidente aumento de la violencia contra las mujeres; en México, en lo que va de 2019, casi 3 mil mujeres han sido asesinadas, de ellas, solo 726 sesn investigada como feminicidios; el Estado de México se encuentra entre las entidades con mayor número de casos: 95 de enero a octubre, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Karina Labastida, presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la LX Legislatura mexiquense, recientemente informó que desde 2008 a la actualidad se han reportado como desaparecidas 16 mil 946 mujeres, solo 247 han sido localizadas con vida.
El discurso del multihomicida, el asesino serial, la adolescente que huyó de casa, entre otras situaciones antes mencionadas, acaparan la atención, especialmente en las redes sociales, sin embargo, no eximen al Estado de cumplir con las acciones que permitan garantizar la seguridad y la vida.
El sistema judicial y la protección a las mujeres
No es un secreto que existen deficiencias en el sistema judicial mexicano; en el caso de las violaciones a los derechos de las mujeres, las condiciones de incumplimiento de justicia, permeadas por la corrupción han provocado un aumento del número de casos, “en este sentido, desde la investigación académica e institucional y desde las iniciativas ciudadanas se afirma que el proceso no es fluido, que hay problemas estructurales en cuanto a las competencias de las autoridades, que hay dilación, negligencia y ocultamiento de información, además de que no se ejecutan con prontitud las medidas de protección hacia las víctimas de violencia de género y feminicida”, señalan los autores del artículo “Feminicidio y violencia de género en México: omisiones del Estado y exigencia civil de justicia«.
La violencia contra las mujeres tiene muchas aristas, los casos de violencia tienen agravantes: ser pobre, ser indígena, ser revictimizada, dentro del asunto hay situaciones innegables: el aumento de casos, la deficiencia del sistema judicial, las formas sociales y las culturales y una patente actitud pasiva del Estado para resolver esta situación.
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