El gobierno mexiquense busca establecer convenios de pago de adeudos al ISSEMyM hasta por 15 años, casi el doble del plazo establecido para este 2020, que fue de siete años, y la posibilidad de que los municipios puedan cubrirlos con sus participaciones y otros recursos.
Además, pretende garantizar un uso más ágil de recursos y la posibilidad de que los distintos entes públicos puedan refinanciar financiamientos, ante posibles emergencias provocadas por desastres naturales o por cuestiones de salubridad, así como hacer traspasos y recortes a las diferentes áreas, sin la autorización del Congreso local.
La propuesta de reformas al Código Financiero y a otros ordenamientos para el siguiente año plantean la necesidad de establecer desde el presupuesto de todas las dependencias órganos y entes la posibilidad de que se presenten emergencias por desastres naturales y destinar partidas para eso, pues se prevé que continúe el impacto de la pandemia.
Por ello, el Gobierno pide considerar que podría haber recortes a las diferentes entidades aplicados por ellas o por la Secretaría de Finanzas, pero también traspasos que aún cuando en caso de superar el 5% requieren la autorización de la Legislatura, si se hicieran por declaratorias de emergencia o situaciones extraordinarias de salubridad no necesitarían ese aval.
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Las autoridades estatales además prevén la posibilidad de que en el 2021 quienes adeudan pagos al ISSEMyM por cuotas y aportaciones puedan pagar a través de convenios que se hagan por plazos de hasta 15 años, para lo cual se utilizarían recursos de participaciones, u otros no etiquetados y se cubrirían en parcialidades.
Para este año los diputados establecieron una disposición similar, a fin de que se pudieran realizar convenios para pagar deudas con ese instituto hasta por siete años, y en ellos se condonaba hasta el 100% recargos y multas, por lo cual la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fue la primera en adherirse.
Sin embargo, eso generó reclamos de derechohabientes, quienes advirtieron que eran pérdidas para el Instituto que atraviesa una situación complicada, y que de acuerdo con el último estudio actuarial presentado en la propuesta de paquete fiscal para el siguiente año, tendrá una mayor presión, pues aumenta el número de personas jubiladas, hay pensiones en trámite, mientras entes como los municipios no han cubierto puntualmente los pagos que les corresponden.
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