Democracia y representación
Agradezco mucho la oportunidad y es para mí un honor colaborar en estas páginas de Alfa Diario. Si ustedes estimados lectores me lo permiten, estaré compartiendo algunas reflexiones de temas de actualidad para nuestra ciudad cada semana, con la idea de contribuir al debate para enriquecer nuestra vida democrática y encontrar, tal vez, algunas propuestas de solución a los problemas que juntos enfrentamos.
Es indudable que hoy, antes retos importantes, es necesario reflexionar sobre la participación democrática y las decisiones colectivas que asumimos, a veces directamente y otras a través de nuestros representantes, sobre temas que afectan nuestra vida cotidiana: seguridad, transparencia, rendición de cuentes, servicios públicos, etc.
En términos generales, la democracia se entiende como la forma de organización del Estado en la cual, las decisiones colectivas son adoptadas por la ciudadanía, mediante mecanismos de participación social directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.
Tradicionalmente se reconocen dos formas de democracia: la directa o participativa y la indirecta o representativa.
La directa, en la que las decisiones las tomaba la población en asamblea, es la forma pura de democracia y se aplicaba en la antigua Grecia. Actualmente se puede equiparar a la democracia participativa, que es la forma en el que la ciudadanía se expresa directamente a través de figuras como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular o la revocación del mandato y en instrumentos como el ombudsman y los recursos administrativos.
La democracia indirecta o representativa es en la que los ciudadanos ostentan la soberanía y eligen a sus representantes mediante el sufragio para la toma de decisiones, la creación de leyes y la administración de los bienes públicos. Este es el modelo que, con algunas figuras participativas, se aplica actualmente en México.
Una democracia, entendida en el sentido moderno, supone la existencia de una constitución política que consagra los poderes políticos y su división, el funcionamiento del gobierno, los deberes y garantías de los ciudadanos, la vigencia de los derechos humanos, el sufragio universal y la regulación de los procesos y partidos políticos.
El instrumento para determinar la representación popular son las elecciones y se basa en el principio del gobierno de mayoría, considerando respeto al derecho para las minorías.
Cabe mencionar que en la evolución de los derechos humanos, los derechos políticos y civiles son reconocidos como los de primera generación; los sociales como los de la segunda; los ambientales como los de tercera y la cuarta generación los constituyen los de participación cívica.
México ha transitado en un largo camino en la consolidación de la democracia. Es innegable que actualmente existe un marco jurídico que protege la libertad de expresión, la de asociación y que se respeta la pluralidad política; contamos con reglas e instituciones electorales que pretenden propiciar procesos más competidos y hemos desarrollado mecanismos que buscan garantizar la transparencia y el acceso a la información. La legislaciòn electoral es amplia e incluyente.
Sin embargo existe una enorme distancia entre la protección jurídica e institucional de nuestros derechos elelctorales y su pleno ejercicio.
Esto se evidencia en aspectos como las asimetrías en la aplicación de las reglas que se refleja en pocas regiones o zonas donde persiste la percepcion de inequidad y se denuncian irregularidades en los procesos electorales.
La sobreregulacion en materia de acceso a medios de comunicaciòn, el control de los recursos financieros en campaña, el acotamiento de los tiempos electorales, han propiciado la judicialización de los procesos y no podrán jamás suplir la ética de los contendientes.
Por otra parte, la ciudadanía considera que los partidos políticos, que son por definición la estructura idónea para impulsar a a quienes nos representan, no han sabido canalizar y expresar la voluntad popular y, por tanto, no se considera debidamente representada.
Esta situación ha devenido en fenómenos sociales y políticos indeseables como la postulación y, en los peores casos, hasta la elección de personajes sin visión política, desde payasos (profesionales), deportitas, artistas, miembros del crimen organizado, familiares, concubinos o personajes sin arraigo y capacidad que desacreditan la actividad política y la representación social, que además, al momento de evaluarlos y exigirles rendición de cuentas, presentan, obviamente, resultados poco satisfactorios.
Una respuesta a esta tendencia y a los resultados de la pobre gestión de los partidos políticos ha sido el surgimiento de candidaturas independientes, que si bien representan una opción para la elección de candidatos con más arraigo y reconocimiento popular; sin una estructura adecuada y sin equidad en los procesos electorales, corren el riesgo de enfrentar en su postulación y en el eventual ejercicio de sus mandatos, la falta de consensos con los partidos y de base política y social para lograr sus objetivos.
Así las cosas, hoy por hoy la democracia está severamente cuestionada y la ciudadanía desconfía de sus instituciones, además de la honestidad y capacidad de sus gobernantes.
No es novedad que encontremos –y lo debatamos casi a diario— evidencias en los medios de comunicación y en las conversaciones de la mala gestión o de plano del desvío de recursos de las instituciones públicas, sean gobiernos o partidos políticos o hasta instituciones de educación, que debieran ser los garantes del uso adecuado y racional de estos recursos públicos que se supone están destinados al mejoramiento del nivel de vida de todos.
Paradójicamente, quienes tienen la responsabilidad de representarnos son quienes tienen el mayor descrédito ante la opinión pública, según las encuestas del propio Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo al Latinobarómetro 2013, 3.7 de cada 10 mexicanos valora positivamente nuestra democracia y de 1995 a 2013 ha perdido 12 puntos porcentuales respecto al promedio regional, lo que nos sitúa como el de mayor retroceso en ese indicador.
De continuar con esa tendencia se agravará la apatía, que es el caldo de cultivo para los gobiernos autoritarios, o al encono social propiciado por la percepción de incapacidad y opacidad de sus representantes, ambos fenomenos indeseables para el desarrollo cívico de nuestra sociedad.
La consolidación de una sociedad cada vez más informada que exija mayor participación, representación, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas permitirá revertir esta tendencia y beneficiarnos de las ventajas del modelo democrático que nos hemos impuesto.
La reforma política se ha concentrado en lo electoral y ha dejado a un lado la democratización que debe ser entendida como un proceso en permanente construcción que no se reduce ni se agota en los comicios.
El reto es introducir al país en la cultura democrática y de participación, basada en la generación y consolidación de los valores ciudadanos como el respeto a la ley, a la diversidad, la tolerancia y la búsqueda de consensos para preservar la paz y alcanzar el bienestar de las mayorías.
Este es el reto que enfrenta la democracia mexicana del siglo XXI, la urgente necesidad de sensibilización de la ciudadanía para actuar por cuenta propia en la vía independiente o a través de partidos políticos y empujar una verdadera y plena reforma política del Estado mexicano, que mejore los órganos de representación y gobierno para acceder a mejores mañanas para todos.