No causó mucho revuelo, pero hace unos días un juez concedió una suspensión provisional a la trasnacional Monsanto-Bayer para poder utilizar glifosato en el combate a las plagas dentro de los sembradíos de maíz en México ¿De qué se trata? Sin duda de un episodio más que nos muestra el lobby que realizan las grandes trasnacionales en favor de sus intereses y que, en la mayoría de los casos, logran su cometido sin importar los medios y las consecuencias.
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Hace casi cinco años publicamos en este mismo espacio un texto en el que se comentaba que varias grandes corporativas multinacionales estaban realizando acciones para quedarse con uno de los grandes negocios del futuro: “el dominio de las semillas, las plantas, la alimentación y la comida de los seres humanos”. En aquel año (2016) recién se acababa de anunciar que Bayer (cuya rama más dominante eran los pesticidas) acordó comprar Monsanto (líder en semillas).
La cifra de esta operación que fusionaba dos gigantes es casi inimaginable: 66 mil millones de dólares. Pero los motivos de la misma son muy evidentes; se puede decir -señalamos entonces- que lo hizo (compró incluso la deuda de la empresa) porque sabe de la magnitud del negocio: tan sólo en Estados Unidos 90% de los cultivos utilizan organismos genéticamente modificados (OGM), como los que produce Monsanto; y aunque en muchos países se ha prohibido su uso y en otros enfrenta severas restricciones, la suma de Monsanto con Bayer generó un gran “monstruo” que será en poco tiempo el principal proveedor mundial de semillas y pesticidas de todo el mundo: negocio redondo.
Una de las variantes de este nuevo “monstruo” es que proveen la semilla (en este caso, el maíz) y el plaguicida, el glifosato. Una característica de este último es que mata toda planta (e incluso animales, como las abejas) que no esté modificada genéticamente. Dado que el maíz de Monsanto sí lo está, al aplicarlo no se daña la producción sino el resto de organismos que crecen a la par. Hay múltiples investigaciones que hablan de los efectos adversos del glifosato en la salud de las personas (se le relaciona con varios tipos de cáncer), aunque otras, promovidas por los propios interesados, dicen que no hay evidencia suficiente para creer que es nocivo a la salud.
Una de las variantes de este nuevo “monstruo” es que proveen la semilla (en este caso, el maíz) y el plaguicida, el glifosato. Una característica de este último es que mata toda planta (e incluso animales, como las abejas) que no esté modificada genéticamente
El juez que concedió la razón a Monsanto-Bayer se basó precisamente en esos estudios convenientes para Monsanto y desdeñó los que se refieren en el Decreto Presidencial que busca prohibir paulatinamente el uso tanto de los OGM como del glifosato en territorio nacional hasta llegar a su no presencia en el año 2024. Dicho decreto entró en vigor el último día del año pasado, pero como ya se ha vuelto costumbre, se vinieron las solicitudes de amparo. El juez Francisco Javier Rebolledo concedió a Monsanto, filial de Bayer, una suspensión provisional en contra del decreto presidencial que prevé la eliminación gradual del glifosato y el maíz transgénico.
El glifosato de Monsanto es ilegal en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Escocia, España y Nueva Zelanda, con restricciones extendidas por América, Europa y Asia. Empero, el juez sexto de distrito en Materia Administrativa, Rebolledo, asegura que no hay evidencia científica suficiente para estimar que el glifosato sea perjudicial para la salud. Esta línea argumental hizo estallar la oposición de científicos, organizaciones ecologistas y de la sociedad civil, quienes acusaron al juez de estar al servicio de la multinacional Monsanto-Bayer.
Este episodio se enmarca en el debate mucho más amplio que tiene que ver con los OGM y su uso con fines comerciales. En nuestro país está legislada esta práctica desde hace lustros y se permite experimentar con plantas y animales, a los que se aplican técnicas para modificar su genética. El resultado de tales experimentos puede ser liberado al ambiente con fines comerciales e incluso se permite importar de otros países OGM. Tal normatividad evidentemente responde a la inserción de nuestro país en el mercado mundial de alimentos. La desregulación, que en el mundo entero ha permitido el crecimiento de grandes corporaciones que controlan la mayor parte de la producción, es en buena medida causante de la desproporción creciente que hay entre las personas que producen sus alimentos y quienes los compran: hoy la relación es 14%, autoconsumo y 84%, adquisición en el mercado (el otro 2% recibe lo que come por la vía de donaciones humanitarias).
Hay mucho, pero mucho, dinero de por medio y por ello es de esperarse que los grandes equipos de abogados que trabajan para empresas como Monsanto-Bayer sigan buscando la manera de eludir las restricciones a sus productos. Al mismo tiempo, en distintas partes del mundo seguirá dándose la pelea por evitar que los OGM y algunos plaguicidas altamente peligrosos sigan en uso. El actual gobierno federal ya ha dado señales sobre en qué lado está, pero el lobby de gigantes como Monsanto-Bayer tiene recursos ilimitados para seguir intentando comprar voluntades en el aparato político-jurídico. La historia continuará.