El no de arriba, el sí de abajo

«El poder se fractura cuando la ambición no cabe en la regla».

La dirigencia nacional de Morena, hoy en manos de Luisa María Alcalde Luján, ha puesto un freno político que pretende adelantarse a la ley: aplicar desde 2027 candados internos contra la reelección inmediata y el nepotismo en candidaturas, en sintonía con las señales de Claudia Sheinbaum. El mensaje es inequívoco: evitar que el partido se convierta en una versión remasterizada del reciclaje priista. Alcalde lo ha reiterado en sus giras y redes; el énfasis público se ha colocado, además, en impedir la postulación de familiares de gobernantes en funciones.

Pero la realidad jurídica corre por otro carril: la reforma constitucional aprobada este año por el Congreso y avalada por congresos estatales aplazó para 2030 la entrada en vigor de la prohibición de reelección y del cerrojo anti-nepotismo. Es decir, legalmente en 2027 alcaldes y diputadas/os aún pueden buscar continuidad; lo que Morena desea montar es un candado partidista que vaya por delante. Esa asimetría temporal entre la norma constitucional y la regla interna es el corazón del conflicto.

En el Estado de México el choque es frontal. La presidenta estatal Luz María Hernández Bermúdez ha acompañado la narrativa de congruencia con la Presidencia, aunque ha reconocido el dato frío: la prohibición jurídica aplicaría hasta 2030. Es decir, la dirigencia mexiquense pregona el “no” político, pero admite que el “sí” legal sigue ahí. En ese hueco respiran alcaldías y bancadas que quieren renovar su mandato en 2027.

¿Por qué duele tanto en Edomex? Porque Morena y aliados gobiernan hoy la aplastante mayoría de municipios y tienen los votos para mover prácticamente cualquier cosa en el Congreso local. Tras la elección 2024, la 4T gobierna 88–89 de 125 ayuntamientos y, en la LXII Legislatura, Morena-PVEM-PT alcanzan mayoría calificada (54 de 75, según recuento periodístico). Los incentivos para blindar estructuras por medio de reelecciones son evidentes. De ahí que el “no” nacional choque con el “sí” operativo de presidentes municipales y diputaciones que administran nómina, obra y redes territoriales.

La matriz de incentivos es transparente:

1. Continuidad: con tres años no alcanza para corregir rezagos en agua, seguridad y movilidad, menos en municipios periféricos con presupuestos comprimidos. La reelección promete consolidar proyectos, contratos y equipos.
2. Costo político: prohibir reelección en 2027 puede desatar fugas, candidaturas rebeldes y una guerra de facciones por nominaciones.
3. Costo ético: permitirla sin filtros reabre la puerta a cacicazgos y clientelas que Morena dijo combatir. La narrativa de transformación se erosiona si se percibe reciclaje de élites.

El enfoque nacional busca justamente cortar esa deriva: además de los candados de reelección, Sheinbaum empujó una reforma anti-nepotismo con vocación de aplicarse en 2027; la mayoría legislativa terminó posponiéndola a 2030, pero la dirigencia partidista insiste en aplicarla por la vía interna en 2027. Si lo logra, Morena pondrá la vara donde la Constitución todavía no; si fracasa, quedará expuesta la distancia entre discurso y operación.

Edomex como laboratorio

Aquí el mapa de poder lo explica todo: la gobernadora Delfina Gómez requiere disciplina territorial para sostener programas y obra, pero la disciplina no puede confundirse con perpetuación de cuadros incuestionables. La presidenta estatal Luz María Hernández emergió de una correlación que enfrentó texcocanos y delfinistas, y hoy administra expectativas de alcaldes y diputaciones que ven la reelección como seguro de vida. El dilema no es abstracto: ¿primará la coherencia con la línea nacional o la elasticidad que piden los operadores locales?

Tres escenarios 2027

A) Candado pleno (no reelección y anti-nepotismo internos): Morena sacrifica continuidad en varios municipios, pierde cuadros con control de base, pero gana autoridad moral y una narrativa de renovación responsable. Riesgo: fracturas locales y candidatos “independientes” de facto.
B) Candado con válvulas (reelección solo con criterios estrictos): repetirían únicamente quienes acrediten desempeño medible en seguridad, agua, finanzas, transparencia y obra. Se privilegia política pública sobre lealtades. Ventaja: disciplina con incentivos. Riesgo: arbitrariedad en la evaluación.
C) Puerta abierta (reelección generalizada por realpolitik): se preserva maquinaria y se minimizan pleitos internos, pero el partido se mimetiza con prácticas que criticó. Coste: credibilidad y desgaste ciudadano, especialmente en periferias con servicios precarios.

Criterios de elegibilidad (si Morena insiste en válvulas):

1. Seguridad y violencia: reducción interanual de delitos de alto impacto en colonias prioritarias, con auditoría ciudadana.
2. Agua: cobertura, continuidad del servicio y disminución de fugas; plan de potabilización verificable.
3. Transparencia: licitaciones abiertas, tablero de contratos y bitácora de obra pública en tiempo real.
4. Finanzas: disciplina sin subejercicio absurdo; gasto social y de mantenimiento por encima de 2025 en términos reales.
5. Movilidad y servicios: luminarias, bacheo estructural, rutas seguras escolares y transporte con supervisión efectiva.

La política como administración de tensiones

En la balanza mexiquense, el “no” a la reelección es apuesta de coherencia y, de paso, instrumento de recomposición interna que favorece a quienes controlan la llave de nominaciones. El “sí” desde abajo tiene racionalidad administrativa y electoral, pero arrastra el viejo vicio de convertir el cargo en propiedad temporal. El peor resultado no es elegir uno u otro, sino no decidir: dejar todo a la negociación caso por caso con criterios invisibles, el caldo de cultivo perfecto para el patrimonialismo.

Datos que no conviene perder de vista:

• El bloque Morena-PVEM-PT tiene los votos en el Congreso local para ajustar marcos secundarios a su conveniencia, lo que vuelve todavía más relevante que el partido se autoimponga estándares éticos antes que mecanismos ad hoc de coyuntura.
• En municipios clave y cinturones con alta pobreza, la ciudadanía no premia la eternización de cuadros, sino mejoras tangibles en agua, seguridad y movilidad; allí el costo reputacional de “más de lo mismo” es alto y contagioso. (Este es el dato incómodo que los operadores prefieren barnizar con espectaculares.)

Tesis. La reelección 2027 no es un trámite: es el primer examen de coherencia de Morena en Edomex. Si el partido hace valer su palabra y pone la vara en resultados, puede resetear el ciclo local y diferenciarse de lo que juró superar. Si cede a la inercia de perpetuar cuadros por simple fuerza de aparato, abrirá grietas que la oposición —incluso en ruinas— sabrá explotar.

Propuesta operativa para el Edomex:

1. Regla visible: moratoria interna a la reelección en 2027 con excepciones tasadas por desempeño público medible.
2. Comité mixto: evaluación con participación ciudadana y académica; informes públicos por municipio y distrito.
3. Cortafuegos: separación estricta partido-gobierno; prohibir uso de programas sociales como palanca interna.
4. Cláusula anti-nepotismo: plena y verificable, con sanciones de inelegibilidad partidista en 2027, sin esperar a 2030.
5. Rotación con transferencia: donde no haya reelección, obligar a protocolos de entrega con KPIs y archivo público de contratos y obras, para no “perder” curva de aprendizaje.

Al final, el dilema se reduce a una disyuntiva moral con consecuencias muy materiales: o se gobierna para la gente o se gobierna para repetir. En un estado donde la memoria priista no es historia sino experiencia reciente, repetir por repetir es confesión de derrota cultural; renovar con resultados es la única forma de sostener la promesa de transformación.

Porque la identidad no se proclama: se ejerce. Y en 2027, Edomex sabrá distinguir entre congruencia y coartada.