La reciente convocatoria a movilizaciones para exigir la aparición con vida de Fernando Galindo Salvador, operador de transporte de carga desaparecido el 30 de octubre en Jilotepec —una de las zonas con mayor incidencia de robo y violencia contra transportistas—, volvió a poner en el foco a la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAARM). Detrás de esta organización se encuentra una figura con una amplia trayectoria: Axel García Aguilera.
Exalcalde de Cuautitlán Izcalli (1988–1990), notario público en el mismo municipio y exsubprocurador de Justicia en los años del gobernador Arturo Montiel. Además, García Aguilera es considerado el líder moral de la Alianza. Esta es una agrupación que ha extendido su influencia sobre el Valle de Cuautitlán y parte del oriente mexiquense.
Tras su paso por la presidencia municipal, fundó el corporativo de transporte Izgasa, con sede en Cuautitlán Izcalli, que llegó a controlar buena parte del servicio público local. Sin embargo, su dominio no ha estado exento de polémica: durante años, Izgasa protagonizó disputas violentas entre rutas y derroteros.
Los bloqueos y movilizaciones no son nuevos para García Aguilera. En 2015, tanto la Triple A como Izgasa encabezaron protestas y cierres sobre la vía José López Portillo. Se opusieron a los accesos del Circuito Exterior Mexiquense, el Boulevard Bicentenario y la carretera Zumpango–Los Reyes.
Ese mismo año, la organización sostuvo una confrontación con Antorcha Popular y la empresa Autobuses México Zumpango y Anexas S.A., tras acusaciones por la invasión de rutas.
Aguachicoleo y nexos criminales
Es importante destacar también la relación de García Aguilera con Jafet Sainz, coordinador general de la organización ACME (Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México), con quien se le vio públicamente durante el segundo aniversario de dicha agrupación.
Elementos de seguridad señalaron a ACME durante el despliegue de la operación Caudal, un fuerte operativo de seguridad que llevó al cierre de pozos y tomas clandestinas de agua que operaban ilegalmente.
De acuerdo con las autoridades, organizaciones que se presentan como sindicatos o asociaciones sociales controlaban gran parte de esos puntos. Entre ellas, la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Los 300, Libertad, 25 de Marzo, Chokiza y la propia ACME. Estas agrupaciones fueron acusadas de extracción clandestina, sobreexplotación de pozos, ordeña de redes, acaparamiento y cobro abusivo por el suministro del agua.
Así mismo, en 2024, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) afirmó que ACME pertenecía a las 25 agrupaciones criminales dedicadas a la extorsión que investigan.
Su presencia se extiende desde Cuautitlán Izcalli hasta Tlalnepantla, Melchor Ocampo, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, Tultepec, Coacalco, Tecámac, Nextlalpan, Jaltenco y Naucalpan.
Hoy, con el pretexto de exigir justicia para un operador desaparecido, la Alianza vuelve a tomar las calles bajo el mando de un líder que manipula el transporte público mexiquense.
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