Habitantes de la colonia El Salado, en el municipio de San Salvador Atenco, denunciaron la operación de grupos que, durante más de una década, han controlado la ocupación de predios, cobrado cuotas por servicios y ejercido presión sobre la comunidad en una zona de carácter ejidal.
De acuerdo con testimonios recabados en la zona, estas organizaciones han exigido pagos mensuales por conceptos como agua, electricidad, vigilancia y uso del suelo. Los montos, que en un inicio oscilaban entre 20 y 30 pesos, con el tiempo aumentaron y dieron paso a cobros extraordinarios.
Una de estas agrupaciones, encabezada presuntamente por una mujer identificada como Rocío, mantenía control sobre viviendas deshabitadas, que eran ocupadas o asignadas a terceros. También, según los testimonios, intervenía en procesos comunitarios como la elección de delegados, al influir en el sentido del voto.
Vecinos que intentaron denunciar ante autoridades aseguran haber sido intimidados y, en algunos casos, amenazados de gravedad, lo que generó un clima de temor entre la población.
Cambio de grupo, mismas prácticas
Hace aproximadamente un año, una nueva planilla de delegados asumió funciones luego de un proceso comunitario en el que la población decidió no respaldar al grupo anterior. A partir de entonces surgió otra organización identificada como “27 de Marzo”, que comenzó a gestionar cobros y procesos relacionados con la ocupación de terrenos.
Actualmente, habitantes señalan que se les solicita el pago de hasta 60 mil pesos para una supuesta regularización de predios, bajo el argumento de que los recursos serían entregados a ejidatarios. Sin embargo, afirman que no se les han mostrado documentos oficiales que respalden esos procedimientos.
Quienes no cubren los pagos enfrentan presiones como el corte de servicios y la marcación de sus viviendas con distintos símbolos para identificar su situación: una “X” para quienes no pagarían, “#” para quienes sí lo harían y “S-A” para quienes recibirían montos superiores sin acuerdo previo.
Las operaciones, según los testimonios, se realizan en distintos puntos, entre ellos una oficina delegacional y un espacio provisional para la recepción de dinero ubicado en la avenida Pino Suárez, esquina con avenida Constitución de Atenco.
Quienes no cubren los pagos enfrentan presiones como el corte de servicios y la marcación de sus viviendas con distintos símbolos para identificar su situación: una “X” para quienes no pagarían, “#” para quienes sí lo harían y “S-A” para quienes recibirían montos superiores sin acuerdo previo. Además, las deudas pueden incrementarse si no se liquidan en los plazos establecidos.
Los habitantes describen una estructura interna con distintos integrantes encargados de los cobros y del control territorial. Dentro de ese grupo mencionan a Guillermo Fragoso Báez, conocido como “Memo Fragoso”, “El Memo” o “El Jefe”, así como a otras personas identificadas como “el patrón”, “la chibola” y “Said”.
Fragoso Báez es señalado como dirigente del sindicato “27 de Marzo”, una organización que ha operado en distintas zonas del Valle de México mediante esquemas de cobro, presión a transportistas y control de actividades en vía pública, particularmente en el sector de mototaxis. Fue detenido en 2024 en el contexto de investigaciones por extorsión y por su posible relación con otras estructuras de control territorial.
Tras esa detención, refieren los testimonios, las referencias al grupo “27 de Marzo” dejaron de utilizarse en la zona y comenzaron a sustituirse por el nombre “OTRAC SALADO”. Pese a ello, vecinos sostienen que personas vinculadas a esas estructuras continúan con el cobro de cuotas, la gestión de pagos por la supuesta regularización de predios y el control sobre la ocupación de viviendas, sin que hasta ahora exista una postura oficial de las autoridades sobre estos señalamientos.
Vacío institucional y crecimiento irregular
Algunos habitantes han optado por abandonar sus propiedades ante la imposibilidad de cubrir los montos exigidos o por temor a represalias. Otros, en busca de orientación, han acudido a la Procuraduría Agraria en Toluca, donde, aseguran, sólo han recibido información general, sin que hasta ahora exista una intervención directa en el caso.
La colonia El Salado forma parte de una de las zonas con crecimiento poblacional del municipio, donde en años recientes se ha registrado la ocupación de terrenos originalmente destinados a uso ejidal, en un contexto marcado por la expansión urbana irregular en el oriente del Estado de México.
En este escenario, actores políticos han acudido a la zona con la promesa de revisar la situación. Entre ellos está Jesús Martín Cuanalo Araujo, actual diputado federal, quien en 2025 visitó la comunidad y planteó mesas de trabajo con autoridades; sin embargo, de acuerdo con habitantes, estas no se han concretado.
Procesos formales vs cobros irregulares
En San Salvador Atenco, buena parte del territorio mantiene régimen ejidal, por lo que los procesos de regularización de la tierra deben realizarse a través de instancias como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, mediante procedimientos formales.
En México, los trámites ante el Registro Agrario Nacional son, en su mayoría, gratuitos y no contemplan cobros por gestión territorial o regularización directa. Los costos asociados provienen de servicios formales como avalúos, honorarios notariales y derechos de inscripción, por lo que los montos denunciados por habitantes no corresponden a mecanismos oficiales.
Hasta el momento no se han informado acciones oficiales de autoridades municipales o estatales frente a esta situación. Mientras tanto, habitantes enfrentan la incertidumbre de continuar con los pagos o negarse, con el riesgo —según testimonios— de sufrir represalias.
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