Hay temas que, por su naturaleza estructural, deberían estar en el centro de la conversación pública. Pero el Estado de México vive una paradoja crónica: lo urgente se silencia, lo importante se disuelve. A las puertas de una elección judicial inédita, con obras públicas inconclusas que presumen eficiencia, con una universidad en crisis de legitimidad, una seguridad pública que no transforma fondo y una política agraria sin voz ni brújula, la entidad más poblada del país transita entre el ruido del aparato y la ausencia de debate. Y en política, el silencio no es neutral: es parte del juego del poder.
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La justicia no entra en casa casa
A días de una elección judicial inédita en el Estado de México, la indiferencia no es un síntoma social menor: es el reflejo de una herencia institucional que mantuvo al Poder Judicial encapsulado, elitista y ajeno a la polis. La ciudadanía no habla del tema porque durante décadas se le educó para no hacerlo. El juez, figura blindada por tecnicismos y códigos, fue construido culturalmente como un actor distante, casi sacerdotal, no como un servidor público sujeto al escrutinio democrático.
Ninguna campaña ha logrado vincular la elección de jueces con las experiencias concretas de la vida cotidiana: un desalojo injusto, una custodia fallida, una sentencia demorada. Sin pedagogía cívica, el sufragio se vuelve decorado institucional, y el ciudadano espectador de un rito que no le pertenece. A diferencia de las elecciones ejecutivas, donde el voto promete cambios inmediatos, aquí no se ofreció relato ni sentido.
La apatía no es el problema; es la consecuencia. Lo grave es que esta oportunidad de abrir la justicia al control social puede naufragar por no haber cruzado jamás el umbral de lo comprensible.
Trolebús a Chalco y sus bemoles
El arranque del trolebús Chalco–Santa Martha representa, en términos técnicos y sociales, un avance largamente postergado. Más de 230 mil personas podrían ver reducido su tiempo de traslado diario en hasta 60%, y con ello, recuperar horas de vida que antes se perdían entre el caos vial y la precariedad del transporte concesionado. La apuesta por electromovilidad y tarifa accesible se inscribe, al menos en el papel, en una visión moderna y civilizatoria de la política pública.
Pero la prisa por cortar el listón venció al rigor. El sistema opera con estaciones inconclusas, señalización deficiente y una opacidad alarmante en el desglose presupuestal. No se conocen a fondo los contratos, los montos reales ni los responsables técnicos. No hay certeza de cuántos recursos se gastaron ni bajo qué criterios se adjudicaron. Como en otros proyectos emblemáticos, la urgencia de la narrativa política desplazó el deber de la transparencia administrativa.
El trolebús es una promesa en movimiento, pero aún no una política acabada. Lo que podría haber sido un ejemplo de movilidad democrática corre el riesgo de quedar atrapado entre la propaganda y la desconfianza.
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Rectoría sin legitimidad, universidad sin rumbo
El modelo de sucesión rectoral en la UAEMéx es insostenible: genera autoridad sin legitimidad y decisiones sin base comunitaria. Una universidad que pretende formar ciudadanía crítica no puede seguir gestionando el poder con métodos que simulan participación mientras se blindan los acuerdos desde arriba.
Reponer el proceso no basta; debe reformarse con valentía. Se requiere un nuevo esquema que garantice deliberación pública, reglas claras, y representación efectiva de estudiantes, docentes y trabajadores en el procedimiento. La voz de los sectores universitarios no puede seguir siendo decorativa: debe ser vinculante.
La autonomía no se defiende administrando el silencio, sino ampliando el diálogo. La gobernabilidad sin legitimación interna convierte a la institución en un cascarón operativo que ya no educa, solo certifica.
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Seguridad, esfuerzo sin transformación
A punto de cumplir un año al frente de la Secretaría de Seguridad, el teniente Cristóbal Castañeda presume cifras operativas, despliegues territoriales y coordinación interinstitucional. Hay que reconocerle constancia y disciplina táctica: conoce el terreno, responde con prontitud y ejecuta con orden.
Pero el problema no es de esfuerzo, sino de enfoque. La política de seguridad sigue atrapada en la lógica del control, sin atreverse a desmontar las causas profundas del crimen. No hay diagnóstico público sobre los mercados ilegales, las redes de corrupción institucional o la violencia estructural que castiga con mayor crudeza a los más pobres. No hay política criminal, sólo reacción.
Se patrulla más, pero no se transforma el territorio. Se habla de paz, pero no se toca la desigualdad, ni se limpia la cadena de mando, ni se transparentan los protocolos de fuerza. La seguridad, como tantas otras veces en el Estado de México, sigue siendo una estrategia de contención, no una arquitectura de justicia.
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Campo sin narrativa
Tras más de un año y ocho meses al frente de la Secretaría del Campo, María Eugenia Rojano permanece ausente del radar público. Su gestión no ha sido escandalosa, pero tampoco transformadora. El campo mexiquense, que carga décadas de abandono, no ha encontrado en su figura ni una interlocutora visible ni una política con tracción.
No hay una estrategia agroecológica reconocible, ni informes claros de inversión, ni mecanismos efectivos de participación campesina. La crisis hídrica, el envejecimiento rural y la informalidad productiva no figuran en su agenda pública. Si se ha hecho algo, no se sabe. Y si no se ha hecho, el silencio lo confirma.
Una Secretaría que no comunica ni incide termina por gestionar el campo como si fuera una estadística, no una urgencia histórica. En un momento donde la soberanía alimentaria vuelve a ser tema estratégico, la inercia institucional equivale al abandono.
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