Durante su campaña presidencial, efectuada en el año 2012, Enrique Peña Nieto (EPN) siguió una estrategia proselitista que le había dado resultados cuando se postuló para la gubernatura del Estado de México: firmar sus compromisos de gobierno ante notario. En total firmó 266 compromisos que -según prometía a diestra y siniestra- realizaría durante su sexenio al frente del Ejecutivo Federal, mismo que ya está en pleno ocaso. Entre esos compromisos destacaban tres magnas obras en materia de infraestructura: un tren de pasajeros que uniría Querétaro con la Ciudad de México, otro que iría de Yucatán a Quintana Roo y uno más para que la gente se transportara de Toluca hacia la capital del país. La realización de estos proyectos era la esencia del programa “Mover a México”.
El 1 de diciembre de 2012, al dirigir su primer mensaje a la nación, Peña Nieto anunció categórico: "México volverá a tener trenes de pasajeros para conectar a sus ciudades", para lo cual -dijo entonces- había ordenado al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciar en 2013 la construcción del tren México-Querétaro, e impulsar proyectos de construcción del Tren Interurbano México-Toluca y del Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo. Los contratistas consentidos del grupo Atlacomulco se frotaban las manos y festejaban seis años de Jauja para todos ellos.
Sin embargo, la primera de las obras tuvo que cancelarse de manera bochornosa tras la publicación en el año 2014 del reportaje “La Casa Blanca de EPN”, que evidenciaba el tipo de beneficios que el presidente recibía a cambio de otorgar las obras a sus contratistas preferidos, entre ellos al hoy tristemente célebre Juan Armando Hinojosa Cantú. Así, se canceló ese proyecto y hasta tuvo que indemnizarse a la empresa China Railway con 16 millones de dólares por haberlos dejados colgados de la brocha. Del mismo modo, un año más tarde, pasaría lo mismo con el compromiso 243 firmado en campaña por EPN, que correspondía al tren Transpeninsular. Se dijo que "no había dinero", que con el recorte presupuestal de casi 125 mil millones de pesos en el paquete fiscal 2015, pues sencillamente no alcanzaba.
De este modo, de la triada de proyectos para “mover a México” sólo parecía quedar en pie el compromiso del tren que correría por tierras mexiquenses, el llamado Tren Interurbano México-Toluca. Sin embargo, a mitad del camino y parece que para no fallarle a sus contratistas/patrocinadores/benefactores, el gobierno de EPN se "sacó de la manga", a finales de 2014, el proyecto de un nuevo aeropuerto internacional en el Valle de México.
En fin, la obra del último tren prometido en campaña por EPN ha sido bastante tortuosa, pues no sólo no ha quedado listo a estas alturas postreras del sexenio, sino que ha casi duplicado su costo, pasando de 38 mil millones de pesos presupuestados originalmente, a ya casi 60 mil millones. Lo anterior es muy grave, pues de acuerdo al análisis de costo-beneficio presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la obra dejaba de ser socialmente rentable si su costo aumentaba 25%, y resulta que ya se ha incrementado en 50%; así lo denunció hace cosa de un mes un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organización que además señaló opacidad, ineficiencia y riesgos de corrupción en dicha obra.
Bueno, pues esta semana se ha vuelto crucial para la construcción del Tren Interurbano México Toluca. Sin duda EPN quería cerrar su gobierno inaugurando fuera esta obra, pero parece que no va a ser posible, pues a escasos 7 meses de entregar el poder los trabajos están muy a medias y ahora han tenido que echar mano de la fuerza pública para permitir que la obra continúe. Al inicio de esta semana miles de policías estatales han ocupado la zona de La Marquesa para impedir que los comuneros de San Jerónimo Acazulco se manifiesten y detengan los trabajos del tren con su exigencia de que se respete la suspensión que les fue concedida mediante Amparo y de que se les pague lo justo por sus tierras. Algo no anda bien cuando, en plena crisis de seguridad pública, se tiene que ocupar a miles de policías para impedir la oposición a un proyecto de infraestructura que ha salido demasiado caro, ha tardado mucho y sigue teniendo rechazo de la población por sus impactos ambientales y sociales. De hecho, este miércoles los comuneros iniciaron una movilización para -dijeron- solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el despliegue policial en la zona y el riesgo de violaciones a derechos fundamentales de los lugareños.
En suma, un proyecto que nació chueco, sigue dando tumbos y abriendo trincheras sin que se vea para cuando pueda concluir. El erario lo seguirá pagando, Peña ya no lo inaugurará, pero de que sigue dando jugosos negocios a muchos, eso sin duda.
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